Autoridades Indígenas manifiestan inconformidad por la que calificaron como una actitud “blanda” de Supersalud y le piden al Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, asumir la investigación de hechos flagrantes en la EPS que ponen en riesgo la vida y la salud de más de 200 mil afiliados de diferentes etnias, y que comprometen miles de millones de pesos en pérdidas. Las irregularidades han sido documentadas a través de 16 resoluciones y en sendos informes de revisoría fiscal de Supersalud durante 9 años de aplicación de una ineficaz Medida de Vigilancia Especial que se ha convertido en un “acompañamiento complaciente” de la bancarrota de Dusakawi EPSI.
Ante un informe de su propia auditoría, que se refiere a actuaciones de las que podrían inferirse la ocurrencia de delitos, faltas disciplinarias, detrimentos fiscales y que debería dar lugar a la intervención y al desplazamiento de las Directivas de Dusakawi EPSI, la reacción del Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, fue emitir la Resolución 0328 fechada el 2 de febrero de 2021, cuyo efecto práctico es que la revisoría fiscal deberá visar la consistencia documental de los pagos de la EPS.
“La causa de las causas de la bancarrota de Dusakawi Epsi es que un grupo de directivos y funcionarios que actúan como delegados de las etnias en los cargos directivos de la Eps han constituidos sus empresas personales o familiares que engordan y prosperan con los recursos de Dusakawi mientras la Eps va rumbo a la quiebra con la complacencia de Supersalud y el Ministerio de Salud”, dicen los denunciantes. El próximo 28 de abril se cumple el plazo de la prórroga de la inane Medida de Vigilancia Especial, los indígenas se preguntan ¿qué hará el Supersalud Fabio Aristizábal?
La firma Caso Auditorías y Consultorías SAS, cuyo representante legal es Sonia Montoya Ocampo, que había sido designada por Supersalud como contralora en Dusakawi EPSI en octubre pasado, liberó un informe que en síntesis le dice a la Superintendencia de Salud que en Dusakawi Epsi se maquillan las pérdidas con manejos contables paralelos, que se hicieron sistemáticamente pagos a empresas sin verificar la ejecución real de las obligaciones ni la prestación efectiva de los servicio de salud, que se dieron a título de anticipos varios miles de millones de pesos a empresas privadas sin mediar contratos ni facturas y con incertidumbre de la prestación de servicios a pacientes, contrariando abiertamente las leyes sobre estos asuntos y los cánones de la moralidad pública y administrativa.
Dusakawi EPSI es la empresa administradora de los recursos del régimen de salud subsidiado que le ofrece cobertura a 238 mil afiliados indígenas y que tiene un presupuesto anual cercano a los 240 mil millones de pesos. Casi 100 mil de los afiliados pertenecen a los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el resto pertenecen a las etnias Yukpa, Chimila, y Wayú, principalmente.
La situación ya era conocida por la Supersalud. El 10 de mayo de 2019, los tres Gobernadores del Pueblo Arhuaco de la época, le dirigieron una carta a Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud, pidiéndole que “SUPERSALUD no siga comportándose como un acompañante complaciente con la crisis que amenaza con la liquidación de la empresa que fundamos”. (Ver carta).
La queja por el “acompañamiento complaciente” se refiere a que desde el 24 de agosto de 2012, la Superintendencia de Salud decidió realizar “una intervención blanda” a Dusakawi EPSI, mediante la Resolución 002633, consistente en una Medida de Vigilancia Especial, que desde entonces se ha prorrogado sucesivamente, a través de sendas resoluciones, otras 15 veces. Tres de esas prórrogas han sido firmadas por Fabio Aristizábal.
La magnitud de las irregularidades administrativas, financieras y contables las describe la auditoría realizada por la firma Caso Auditorías y Consultorías SAS que presta servicios a la Supersalud: “(… ) Revisada la metodología actual de Giro Directo de la Asociación de Cabildos lndígenas del Cesar y La Guajira DUSAKAWI EPSJ (en adelante la Entidad) se evidencia su programación extracontable, sin radicación de facturas, sin presunta prestación de servicios a los usuarios y sin soporte del cumplimiento de los programas de promoción y prevención acordados en la contratación capitada y contrario a lo dispuesto en la normatividad para la contratación evento, situación que se ha presentado por mas de tres años consecutivos. Es asi como la Entidad ha dispersado entre enero a octubre de 2020 la suma de $76.568 millones, a través del giro directo, de los cuáles, $51.472 millones han sido girados de manera anticipada para financiar la caja de los prestadores, toda vez que las usuarios no acceden a los servicios de salud de la medicina occidental de la red de servicios en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, bajo la modalidad de contratación de evento y para los servicios primarios, se concentran los desembolsos en las IPS indigenas baja la contratación capita”.
“La causa de las causas de la bancarrota de Dusakawi Epsi es que un grupo de funcionarios que actúan como delegados de las etnias en los cargos directivos de la Eps han constituidos sus empresas personales o familiares que engordan y prosperan con los recursos de Dusakawi mientras la Eps va rumbo a la quiebra”, dicen los denunciantes.
Como ejemplo, la Fundación Universo de Servicios de Colombia, Funsercol, que el año pasado, según la interventoría, recibió de manera irregular anticipos por 707 millones de pesos, tiene en su Junta Directiva personas relacionadas familiarmente con Zarwawiko Torres Torres, el Gobernador del Resguardo Arhuaco del Cesar y presidente del máximo organismo directivo de Dusakawi EPSI, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira. Torres enfrenta además una investigación que se desarrolla lentamente en la Fiscalía por denuncia de abuso sexual que tuvo como víctima una menor de su etnia. (Ver Yo con yo de Zarwawiko Torres Torres en Dusakawi Epsi que no ha visto el Superintendente de Salud).
El yo con yo de Zarwawiko Torres Torres en Dusakawi EPSI que no ha visto el Superintendente de Salud
Diferentes fuentes afirman que varios directivos y funcionarios de Dusakawi EPSI son los verdaderos dueños de muchas de las empresas o fundaciones que aparecen como beneficiarios de los anticipos irregulares que aparecen en los listados del informe de La firma Caso Auditorías y Consultorías SAS.
Ante un informe de su propia auditoría que se refiere a actuaciones de las que podrían inferirse la ocurrencia de delitos, faltas disciplinarias, detrimentos fiscales y que debería dar lugar a la intervención y el desplazamiento de las Directivas de Dusakawi EPSI, la reacción del Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, fue emitir la Resolución 0328 fechada el 2 de febrero de 2021, cuyo efecto práctico es que la revisoría fiscal deberá revisar la consistencia documental de los pagos de la EPS.
Ese es el alcance de esa resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que solicitó la cesación de giros directos autorizados a Dusakawi Epsi, “buscando mitigar el riesgo de destinación errada de los recursos y verificar que se ejecuten cumpliendo con la prestación efectiva de los servicios de salud”.
Antes, en el 2019, se realizaron dos reuniones de las autoridades Arhuacas con Fabio Aristizábal y varias con Henri Capmartín Salinas, Director de Medidas Especiales. En todas las ocasiones los líderes indígenas le dijeron a Aristizábal y a Capmartín que “los funcionarios de la SUPERSALUD han adoptado en estos nueve años medidas tibias y condescendientes con las acciones que han llevado al traste a DUSAKAWI, que se reflejan en informes y recomendaciones melifluos, sin ninguna contundencia y con baja confiabilidad sobre la verdadera situación financiera y de prestación de los servicios a los afiliados”.
En marzo del 2020, se realizó una reunión de autoridades Arhuacas con Henri Capmartín y otros funcionarios en la sede de Supersalud en Bogotá. Ese día, los líderes indígenas le dijeron a Capmartín que era insólito que esos funcionarios no pudieran actuar en consecuencia con sus propias resoluciones e informes de auditorías que evidenciaban que año tras año, la EPSI presenta pérdidas operacionales de varios miles de millones de pesos, y que son maquilladas, con la complacencia de Supersalud y el Ministerio de Salud, mediante el sofisma de balances contables. Esta denuncia ahora es corroborada tímidamente por la Resolución 0328 fechada el 2 de febrero de 2021, anunciando qué hay un “trámite en curso”.
Según una fuente “si cada año se comparan el valor de las transferencias del gobierno a la EPSI con los costos y gastos se tendrá como resultado las pérdidas operacionales anuales. En los últimos reportes oficiales de Supersalud se establecieron pérdidas operacionales superiores a 20 mil millones de pesos para cada anualidad. ¿Cómo lo maquillan? Mediante el artificio del registro de operaciones contables, de ahí sacan sus superávit contables, es decir manipulando papeles, facturas, cuentas de cobro o pidiéndole a sus proveedores que retengan varios miles de millones en facturación entre tanto tramitan los informes a la Supersalud. Esta información contable nunca está cargada en los sistemas de información como ordena la ley y los funcionarios de la Supersalud y del Ministerio de Salud llevan 8 años haciéndose los pendejos con los resultados de esta auditoría. En Dusakawi EPSI en los últimos años se volvieron más ingeniosos y decidieron hacer “anticipos” de varios miles de millones de pesos a prestadores privados sin que mediaran contratos, facturas o la prestación de servicios a los pacientes”.
Sin embargo, la magnitud del problema humano es mucho más dramático que el incumplimiento de los indicadores del componente técnico-científico o de prestación de los servicios de salud descritos por la Supersalud en sus 15 resoluciones desde hace casi una década en la que adelanta su “intervención blanda”. La mortalidad materno infantil, las muertes por desnutrición o por enfermedades crónicas o prevenibles desatendidas son mucho mayores que esa información poco confiable que corresponde a subregistros.
Muchas personas, de los casi 100 mil indígenas de las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta, se enferman y mueren sin poder acceder a los servicios de Dusakawi EPSI. Ellos viven a muchas horas o varios días de camino de los centros urbanos y en más de 20 años de existencia de la EPS aún no se realiza el primer estudio epidemiologico en el territorio en condiciones de interculturalidad que produzca cambios en la manera como se prioriza la ejecución del presupuesto para su atención en salud.
En la carta del 10 de mayo de 2019, los tres Gobernadores del Pueblo Arhuaco de la época también le piden a Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud, intervenir la empresa, remover todos los cargos directivos, generar un saneamiento financiero y administrativo de la Epsi y devolverla al cabo de un corto tiempo a los Mamos y a las autoridades mayores de cada uno de los pueblos indígenas fundantes: Wiwa, Yukpa y Arhuaco.
“Faciltar la generación de acuerdos entre los pueblos asociados que permitan tomar las medidas políticas, administrativas, de reforma de los estatutos y financieras de salvamento de DUSAKAWI EPSI, que fortalezcan a las organizaciones de cada pueblo y se deje a un lado las interferencias que causan los intereses individuales o comerciales de personas indígenas o de particulares. Acuerdos que deben servir para que DUSAKAWI EPSI se salve de la quiebra y fortalezcan la cultura y las organizaciones de sus pueblos, no para que unas clínicas, prestadores de servicios de salud y contratistas se aprovechen”, dice la carta.
El próximo 28 de abril concluye la última prórroga firmada por Fabio Aristizábal, el Superintendente de Salud, las autoridades indígenas se preguntan ¿qué hará en esta ocasión?
