El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo y asistencia de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia.
En algo más de 11 meses de verificaciones y análisis, el equipo de fiscales e investigadores revisó con detalle varias de las actuaciones judiciales hechas y los elementos obtenidos, y encontraron mérito suficiente para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas.
En ese sentido, la Fiscalía radicará solicitudes de imputación contra 10 personas, tres de ellas ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas distintas de investigación.
Ante un juez de control de garantías serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
El exfuncionario suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Finalmente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht.
La evidencia obtenida da cuenta de que para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales. En ese sentido, para la Fiscalía el señor Villalba Escobar, al parecer, con pleno conocimiento y voluntad usó el cargo y su función para favorecer a la citada concesionaria.
La Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.
En la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato.
La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.
El material de prueba indica que 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora. La Fiscalía estableció que este movimiento de recursos tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al exviceministro de transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio García.
La Fiscalía General de la Nación es enfática en señalar que esta investigación no ha contado con las versiones de los colaboradores del Ministerio Público de Brasil, pues para posibilitar su práctica se ha exigido a los fiscales colombianos la suscripción del compromiso de no utilizar las mismas contra 78 personas que tienen tal calidad ni contra las empresas comprometidas.
En cualquier caso, para entablar un trámite de negociación de un principio de oportunidad, la Fiscalía debe contar con la colaboración veraz y comprobable de los declarantes, incluso con su disposición de testificar en juicio sin la limitación expuesta y de reintegrar el incremento patrimonial percibido por la comisión del delito.
Así las cosas, todas las investigaciones vigentes siguen activas y desarrollándose procesalmente, de manera que las imputaciones anunciadas conforman la base de posibles acuerdos de negociación, siempre con el pleno cumplimiento de las reglas legales citadas.
