- MinMinas, SuperServicios y Creg siguen sin definir mesas de trabajo.
Pese a que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó hacer efectivas las dos medidas cautelares solicitadas por Carlos Caicedo, consistentes en no aumentar las tarifas de Electricaribe y no cambiar el operador del servicio de energía en la Costa sin la previa socialización con la comunidad, el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), siguen sin cumplir con las mesas de trabajo impuestas por la Justicia.
En razón a lo anterior y ante el posible perjuicio por desacato que podrían sufrir la Cartera de Minas y Energía, la Creg y la SuperServicios, Carlos Caicedo, en condición de sujeto ponente de las cautelas y las tres autoridades nacionales en mención optaron por conciliar una salida en aras de definir las fechas de las 28 mesas ordenadas por la Justicia.
Dicha conciliación se llevó a cabo en Barranquilla con la mediación de la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa de la capital atlanticense, a cargo de Juan Antonio Spirko, quien ofició como garante.
Este último procedimiento obedeció a que el tiempo mínimo -establecido por la Ley- para que una cautela admisible tenga cumplimiento es de solo un mes, teniendo en cuenta que la providencia del Tribunal fue notificada el pasado 18 de enero.
“Estuvimos en reunión de conciliación citada por la Procuraduría tras una solicitad que interpusimos para organizar las audiencias públicas ordenadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico con fundamento en las medidas cautelares que nos fueron concedidas en acción popular contra Electricaribe. Asimismo, participaron representantes de la SuperServicios, del Ministerio de Minas y la Creg, en cumplimiento de las medidas. La reunión concluyó en la cita de otra reunión, debido a que los delegados de las entidades implicadas, manifiestan haber solicitado al tribunal aclaraciones sobre la cautela”, indicó Caicedo.
Ante la eventual dilatación del proceso, el principal vocero del movimiento Fuerza Ciudadana fue enfático al recordar que la responsabilidad de convocar corresponde a la Creg en relación al ajuste tarifario. Y en cuanto a la escogencia del nuevo operador, corresponde a la Superintendencia y al Ministerio de Minas y Energía, toda vez que son esas entidades las que deben organizar el componente logístico concertado con el actor popular teniendo en cuenta que la decisión judicial -así no la compartan- debe ser acatada.
“En defensa de los usuarios no podemos consentir demoras en el cumplimiento del fallo por parte de las entidades prestadoras o reguladoras del servicio, a riesgo de incurrir en desacatos. Las tarifas no pueden aumentar o contratar nuevos operadores hasta tanto no exista concertación”, agregó.
