La Procuraduría General de la Nación informó este viernes que ha decidido abrir indagación por la presunta adjudicación de contratos a dedo en la oficina regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento del Magdalena.
La indagación será contra “funcionarios por establecer” del ICBF Magdalena, quienes serían responsables del presunto direccionamiento de contratos por $ 42.000 millones.
“La oficina regional de esa entidad habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos”, explicó la PGN en un comunicado.
Según la denuncia, el equipo directivo de esa regional habría adjudicado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio desde hace mucho tiempo, “a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos en la región, (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) se encontraban debidamente legalizados para contratar”.
