La situación para los niños y niñas en el país es preocupante, ya que los casos de abuso sexual, físico y psicológico están en aumento, y lamentablemente, en la mayoría de los casos, los perpetradores son familiares o personas cercanas.
La Procuraduría General ha anunciado que está intensificando la vigilancia sobre los organismos responsables de abordar estos casos, implementando medidas para garantizar la atención adecuada y la protección de los derechos de la población infantil.
Según el Ministerio Público, se han encendido las alarmas debido a los casos recientes ocurridos en Soacha, Cundinamarca, donde tres menores de edad supuestamente fueron objeto de abuso sexual por parte de un familiar.
En este incidente, la comunidad estuvo a punto de hacer justicia por mano propia y linchar al presunto abusador, pero la rápida intervención de la Policía evitó que esto ocurriera y que el hombre fuera asesinado por sus vecinos. Ante esta situación, la Procuraduría ha solicitado al Secretario de Salud de Soacha y a la Directora Regional Cundinamarca ICBF (E) un informe detallado sobre la implementación de rutas de atención intersectorial y las medidas de asistencia proporcionadas a las víctimas.
Además, el órgano de control ha solicitado a la Directora Regional del ICBF en Vaupés que informe sobre el proceso administrativo y las medidas de protección adoptadas en beneficio de un menor de edad, presunta víctima de abuso sexual por parte del diputado Felipe García, cuya denuncia penal está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación.
En el departamento de Cauca, la Procuraduría está revisando las acciones de la Directora Regional (E) del ICBF en Cauca en relación con la intervención y el acompañamiento brindado a una niña de 13 años, víctima de extorsión y presunto abuso sexual en el barrio María Occidente en Popayán. En este caso, un menor de 16 años fue detenido mientras recibía dinero como resultado de la extorsión, a cambio de no difundir en redes sociales imágenes de contenido íntimo.
