La Procuraduría ratificó este lunes la penalización de destitución e inhabilitación por 10 años dictada contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, debido a irregularidades en la asignación de un contrato para la implementación de tecnologías de información en las escuelas públicas del departamento.
El contrato en el que se hallaron irregularidades estaba por un monto total superior a los veinte mil millones de pesos.
En una resolución de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también confirmó la sanción de destitución e inhabilitación por nueve años impuesta a la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y al exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza.
La entidad de control determinó que en los términos del contrato se incluyeron requisitos de experiencia y solvencia financiera que no se ajustaban al propósito ni al valor del contrato a ejecutar, lo que impidió la participación de potenciales oferentes en el proceso de licitación.
El Ministerio Público indicó que estos requisitos fueron establecidos de manera arbitraria o subjetiva por los responsables de redactar los términos del contrato, y agregó que dichos requisitos “no cumplían con la obligación de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato, según lo exige la ley”.
Por lo tanto, el órgano de control calificó la conducta de los investigados como una falta grave cometida con culpa grave.
Con la decisión de segunda instancia, la sanción impuesta a los investigados se confirma, dado que no ocupan cargos de elección popular en la actualidad.
