Se trata de una nueva resolución del Invima para dar cumplimiento al Decreto 2016 de 2023 que el Gobierno expidió en noviembre del año pasado. El documento prácticamente revive los mataderos municipales.
Dice que por medio de este “se actualiza el procedimiento para la obtención de la autorización sanitaria y registro por parte de plantas de beneficio animal, desposte, desprese y de acondicionamiento de carne y productos cárnicos comestibles ante el Invima, se emiten los lineamientos de los artículos 2, 10 y 11 del Decreto 2016 de 2023 y se dictan otras disposiciones”.
El documento estará abierto a las observaciones de los ciudadanos hasta el 15 de marzo de 2024 y luego será firmado por el director de la entidad, Francisco Rossi, para entrar en vigencia.
Según Sandra Rocío Jiménez, directora de Alimentos y Bebidas del Invima, la entidad espera que reanuden operaciones unas 150 plantas de sacrificio animal porcinas y bovinas en municipios de cuarta, quinta y sexta categorías, es decir los más pequeños de Colombia.
La funcionaria explicó que se trata de establecimientos pequeños que en promedio pueden llegar a sacrificar entre 1 y 40 animales a la semana cada uno.
“Esta era una necesidad que tenía Colombia. Estos establecimientos no van a competir con las grandes plantas porque van a funcionar en la ruralidad dispersa”, explicó Jiménez.
Según datos del Invima en Colombia hay una 500 plantas de beneficio, desposte, desprese y acondicionadores para porcinos, aves y bovinos (ver infografía). Antioquia es la que más tiene con 117, solo en bovinos y porcinos, luego sigue Bogotá con 74.
CÓMO VOLVER A RETOMAR
La nueva resolución del Invima contiene 18 artículos con la reglamentación. Entre ellos establece que una planta de autoconsumo solo puede entrar en funcionamiento luego de solicitar una visita de autorización sanitaria y aprobarla.
Si aspira exclusivamente a distribuir de forma local, entonces se debe presentar la solicitud ante el alcalde y contar con el aval del Comité Departamental de Carne y productos Cárnicos Comestibles.
La aspiración debe acompañarse con estos documentos: formato de solicitud de trámites del Invima, soporte de pago electrónico de la autorización sanitaria, formato de inscripción, plano de la planta. Adicional, si se trata de un sitio que fue cerrado anteriormente, entonces debe adjuntar los soportes de levantamiento de las medidas sancionadas o la autorización de funcionamiento emitida por la autoridad que ordenó la clausura en su momento.
La planta deberá obtener una calificación mínima de 75% en el acta de la visita sanitaria “y cumplir con los requisitos definidos como críticos para cada tipo de especie procesada”, aclara el documento.
El número máximo de animales a beneficiar en una planta de categoría de autoconsumo se determinará por la capacidad de sacrificio instalada, pero no podrá ser superior a 75 animales a la semana por especie.
Cabe aclarar que ya existe una norma que reglamenta el funcionamiento de los conocidos popularmente como mataderos, la directora de Alimentos y Bebidas en el Invima, explicó que se trata del Decreto 1500 de 2007. Añadió: “con este hemos podido tener unas plantas de buena calidad y muy preparadas para el mercado de exportación”.
¿Pero si ya había una normativa para qué expedir otra?, Jiménez respondió al interrogante
argumentando que los municipios más lejanos y del rural disperso ven dificultades para abastecerse de carne al no ser cubiertos por los servicios de las grandes centrales de sacrificio.
Y esto se debe a que en 2016 el Invima comenzó una fuerte revisión sanitaria y cerró las puertas de plantas de sacrificio para dar cumplimiento al Decreto 1500. Clausuró establecimientos que violaban los requisitos de infraestructura, capacitación de talento humano, gestión de calidad e, incluso, los que no cumplían con un número de sacrificios mínimo, lo que por su puesto dejó por fuera de partido a los más pequeños y su población desatendida. En siete años el Invima alcanzó a cerrar unos 409 sitios.
Por esa razón, el Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 2016 con la ilusión de reactivarlos y reducir los costos de traslado del ganado, atacar el monopolio de la carne y reducir los mataderos clandestinos.
De hecho, una de las principales apuestas del Gobierno es reducir el costo de la carne en los territorios donde entren a funcionar las nuevas centrales de beneficio tras aprobar la nueva normativa.
Otra cosa piensa José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien argumentó que el impacto de las plantas de sacrificio en municipios de quinta y sexta categoría es muy bajo. En su concepto lo que realmente está afectando el costo de la carne al consumidor final es el manejo que intermediarios le dan al comercio de la carne, especialmente en grandes ciudades.
Lo cierto es que los ciudadanos tendrán plazo hasta el 15 de marzo para realizar sus respectivos comentarios sobre la nueva resolución del Invima y posteriormente darle una segunda oportunidad a estas centrales de sacrificio.
