Al menos 120 familias habitantes de Limón de Carrizal, La Laguna, Guacama y Mucura, comunidades ubicadas entre Riohacha y San Juan del Cesar, tuvieron que abandonar su territorio por los enfrentamientos que sostienen grupos armados.
El panorama fue expuesto este miércoles por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que indicó, citando a organizaciones de víctimas de la zona, que entre las familias víctimas hay 142 niños y niñas, así como ocho mujeres gestantes.
«Las comunidades desplazadas han habitado ancestralmente un territorio que desde hace décadas es disputado por los grupos armados», subrayó la JEP, al tiempo que recordó que las amenazas se han documentado en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el riesgo que vive la región, a nivel estructural, por las presiones y las amenazas de las organizaciones ilegales que se disputan el control territorial. Una de las alertas llegó el año pasado.
El 21 de junio de 2023, el Sistema de Alertas Tempranas presentó una alerta inminente por la disputa territorial entre los Pachencas, conocidas como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también autodenominadas Clan del Golfo.
Tal alerta, la 025 del año pasado, «identificó la ocurrencia de masacres, homicidios selectivos, extorsiones, regulaciones a la movilidad, imposición de horarios y normas de conducta, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de reclutamiento de menores», recalcó la JEP.
La Comisión Étnica de la JEP resalta que «se agotaron» las estrategias de resistencia del pueblo Wiwa, en peligro de extinguirse. La de esta semana no es la primera vez que integrantes de esa comunidad deben alejarse de sus territorios ancestrales para salvar sus vidas.
«El Estado está obligado, como con cualquier otro pueblo en riesgo, a prevenir su desplazamiento del Pueblo Wiwa. Cuando el desplazamiento sea inevitable porque responde a una decisión de supervivencia, la obligación del Estado es acompañar para prevenir que los pueblos pierdan aún más el control sobre su plan de vida», reclamó la JEP.
La Jurisdicción Especial concluyó que las autoridades locales y nacionales deben desplegar «eficazmente» sus competencias para brindarle a la comunidad Wiwa «toda la atención a la que tiene derecho». Por tanto, es necesaria una adecuada coordinación y una estrategia «que contenga el riesgo de exterminio físico y cultural del Pueblo Wiwa».
El llamado de la JEP se suma al que elevó la Defensoría del Pueblo este lunes cuando las y los Wiwa empezaron a desplazarse forzosamente y el número de familias se contaba en ochenta. El objetivo de la comunidad es la salvaguarda de su vida y de su integridad, puestas en riesgo desde el 24 de febrero, la fecha en la que iniciaron los fuertes enfrentamientos.
