El Gobierno, y específicamente la Cancillería, están estudiando invocar una acción de lesividad contra un acto administrativo.
Esto es un mecanismo jurídico por el cual la administración pública actúa como demandante contra uno de sus propios actos administrativos, dirigido a la persona que se ve afectada por los efectos jurídicos de dicho acto, con el objetivo de obtener su nulidad.
Esta acción se ejerce cuando la administración considera que el acto fue creado o modificado por medios ilegales o fraudulentos, o cuando es contrario a la Constitución o a la ley. Esa sería la salida para no cumplir con lo que dice la ley, que es que deben firmar el contrato.
Mientras tanto, el saliente secretario Juan Antonio Salazar dice que defenderá sus actuaciones y su buen nombre. Ayer incluso abrió un Twitter en el que ha empezado a defenderse y advierte que tiene munición para rato.
La firma TGS, por su parte, no ha retirado la demanda y ahora tendría más insumos para ganar, pues hay un acto administrativo que hasta el momento no se ha cumplido.
