La Contraloría General de la República, en un reporte que hizo sobre el programa de vivienda de interés social “Mi Casa Ya” que aunque tuvo un reciente cambio en su forma de operación, no es consecuente con las características socieconómicas de la población vulnerable que busca favorecer, que no tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero.
Destaca la entidad de control fiscal que tras analizar las modificaciones realizadas (Decreto 490 de 2023) en lo relacionado con las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social “Mi Casa Ya”, con las cuales el Gobierno Nacional intentó mejorar los procesos de focalización en la asignación de subsidios, mantiene algunos inconvenientes.
Por ejemplo que el Gobierno propende por priorizar a los municipios de categoría 5 y 6 (que son los más pobres), en zona rural y para las categorías más bajas de SISBEN, entre otras variables, pero independientemente de la categoría del SISBEN, debe demostrarse la capacidad financiera para acceder a un crédito y además de ello, se requiere contar con recursos para pagar el valor de la vivienda que no se financiará.
“Es decir que la población con mayores oportunidades de ser beneficiarios, pueden no lograr obtener el subsidio por su bajo nivel de ingresos. Por ejemplo, para que una familia pueda acceder a una vivienda VIP, debe tener ingresos de al menos $1.88 millones y pagar una cuota de $741.000 (o $525.000 por 7 años con el beneficio de la tasa FRECH). Además de eso debe aportar el 20% del valor de la vivienda como cuota inicial, equivalentes a $23,4 millones; lo que resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a 1 SMMLV”, destacó el informe.
