Gobierno colombiano suspende la nueva licitación para los pasaportes en el país

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La Cancillería colombiana suspendió la nueva licitación para contratar la fabricación de pasaportes hasta tanto se revisen más de 550 observaciones hechas a los prepliegos, por las partes interesadas, informó este viernes la entidad.

También reasignó la competencia para dirigir este proceso licitatorio a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia que se encargará de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados.
“Suspender la apertura del proceso licitatorio para su revisión, así como la de más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos por parte de 19 interesados”, dijo la Cancillería en un comunicado.

Las decisiones fueron tomadas por el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien además indicó que las medidas “adoptadas no afectan la prestación del servicio de expedición de pasaportes, que se seguirá brindando normalmente a la ciudadanía”.
La Procuraduría (Ministerio Público) suspendió el pasado 24 de enero por tres meses al entonces canciller Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para fabricar pasaportes.

Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciller encargado a Murillo, quien es el Embajador de Colombia en Estados Unidos.
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.

La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.

Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que “se recurrió a la figura de urgencia manifiesta” para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía “la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista” para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.

Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (casi 30 millones de dólares de hoy).

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