Más de 325 mil niños, niñas y adolescentes en el país están en riesgo de no beneficiarse del Programa de Alimentación Escolar debido a estos retrasos en la contratación en temas de contratación. Casanare, Cartagena, Sincelejo, Sucre y Vaupés son las regiones donde los niños podrían estar quedándose sin alimentación.
“Esto hace parte del entorno de ineficiencia del Estado colombiano y las administraciones públicas en los diferentes niveles, agregaría además que si el origen del Plan de Alimentación Escolar, lo que inspiró esta política pública fue disminuir o acabar con la deserción escolar, el plan no está cumpliendo su objetivo”, advirtió el Senador Guido Echeverri.
“La prestación debe hacerse de manera oportuna y con criterio de calidad, hago un llamado vehemente a las entidades territoriales y al Ministerio de Educación Nacional, para que de manera coordinada de inicio cuanto antes al Programa de Alimentación Escolar”, sostuvo el senador Honorio Henríquez.
De acuerdo con un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en 138 insituciones educativas, el 28,3% de los beneficiarios recibieron alimentos en mal estado, situación que también han denunciado los padres de familia.
“Hemos hecho el ejercicio de denunciar esos presuntos hechos de corrupción, esas presuntas irregularidades que se presentan en la provisión del alimento, en la calidad y inocuidad en la salubridad en el transporte”, dijo Carlos Ballesteros, presidente Confederación Asociaciones de Padres de Familia.
A esta problemática se suma la alerta lanzada desde el Senado por la inoperancia de los servicios de nutrición y cuidado a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de La Guajira.
“Las unidades comunitarias de atención, así como los centros de desarrollo infantil no han sido contratados, eso significa que alrededor de cien mil niños y niñas wayuu están sin atención, sin alimentación”, dijo el Senador Alfredo Deluque.
El llamado desde el Senado es a los padres de familia para que sean los veedores permanentes y denuncien cualquier irregularidad que se presente en el servicio de alimentación de los menores en el país.
