El próximo 15 de febrero saldrían más de 7 mil trabajadores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de ellos más de 100 contratistas en el departamento del Magdalena. Así lo informó ayer el titular de esa entidad, Hernán Penagos, durante la primera Cumbre de Gobernadores 2024, actividad que se desarrolla en la ciudad de Cartagena.
Según las declaraciones del funcionario, este recorte masivo de personal se debe a que la entidad cuenta con escasa capacidad financiera, ya que no fueron girados los recursos que requiere para la renovación de los contratos.
“Cerca de 7 mil funcionarios dejarán sus funciones el próximo 15 de febrero. Se trata de personas que venían trabajando desde el año pasado y este año no tenemos presupuesto para poder renovar sus contratos, pero además, este no es un año electoral, por lo que debemos hacer un ejercicio de austeridad”, indicó.
También señaló que, en virtud de la decisión, las regiones estarán desprovistas de estos funcionarios, lo que afectaría el funcionamiento de la Registraduría.
“En Colombia hay cerca de 800 registradurías que después del 15 de febrero van a quedar solamente con el registrador y ningún funcionario auxiliar de apoyo. Necesitamos por lo menos buscar los recursos para que esos registradores de esos municipios tengan un funcionario auxiliar, porque en algunas ocasiones deben salir a hacer trabajos de identificación y deberán cerrar la sede por falta de un colaborador”, manifestó Penagos.
Asimismo, puntualizó que para lograr un funcionamiento óptimo de la institución son necesarios por lo menos 1.500 trabajadores de los 7.000 mil que saldrían en la semana próxima.
Aunque destacó la necesidad de recontratarlos para asegurar un manejo eficiente de la entidad, Penagos manifestó que el presupuesto que manejan en la actualidad no alcanza siquiera para contratar a 20 funcionarios. Destacó que parta nuevas contrataciones se requieren 30 mil millones de pesos.
Finalmente, indicó que este 2024 será el año en el que más personas podrían salir de la institución, muy por el contrario de las políticas del Ejecutivo de promover el empleo formal en Colombia.
