El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, expresó la preocupación del ente de control a su cargo por la afectación que en el mediano plazo va a tener en las finanzas públicas la política de transición energética que impulsa el Gobierno Nacional y, en este sentido, manifestó lo siguiente:
“Aquí tenemos una discusión que dar y es que nosotros incorporamos al Presupuesto General de la Nación un promedio de $83 billones de pesos cada año, producto de la explotación y exploración de los hidrocarburos y si vamos a suspender esas actividades hacia el futuro, en el mediano plazo, no hoy, pero en 5, en 8 años, se verían los impactos de no tener más licencias de exploración, más licencias de explotación, y esto significa una reducción considerable en los ingresos de la Nación, y es también una preocupación que la Contraloría General tiene que plantear en la discusión frente a las decisiones que el alto gobierno tome”.
“Reconocemos la importancia de generar toda una dinámica de protección de los recursos, de vigilar el mecanismo más apropiado para conservar aquellas áreas donde sí o sí no se deben realizar intervenciones, pero también es necesario revisar esa política en el mediano y en el largo plazo, cómo afecta las finanzas del Estado”, agregó.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General dejó claro que la CGR ha respetado, como corresponde, las posturas que ha tenido el Gobierno frente a la transición energética, en la medida en que se ha valorado el interés que tiene de proteger y preservar los recursos naturales, pero también, se le ha llamado respetuosamente a que plantee cuál es el mecanismo de conversión de ingresos de recursos en la matriz del marco fiscal de mediano y largo plazo, que estabilice las finanzas de la Nación.
Zuluaga se refirió a este tema al instalar el Foro “Páramos y Cambio Climático”, convocado en el marco de la conmemoración de los 100 años de existencia de la CGR.
Concluyó al respecto que debe verse cómo el modelo de provisión energética que produce recursos se reemplaza en la matriz por otro tipo de actividades que sean sostenibles en el tiempo.
Baja ejecución de transferencias del sector eléctrico
Un estudio de la Contraloría General de la República, desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI, determinó una baja ejecución de las transferencias del sector eléctrico para la conservación de los páramos del país y particularmente por parte de Parques Nacionales Naturales, si se tiene en cuenta que, a junio del 2023, de $13.000 millones apropiados, su ejecución es sólo de $844 millones, equivalentes a un 6,5%.
De acuerdo al informe de la DIARI, a nivel general, desde el 2019 hasta junio del 2023 se han apropiado $17.000 millones por concepto de transferencias del sector eléctrico, de los cuales únicamente se han ejecutado $4.000 millones, lo que indica un porcentaje de ejecución del 26% desde la aprobación de la Ley 1930 del 2018, reglamentada en junio de 2021, y “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”.
Un dato relevante es que, durante el período 2021 a 2023, se le han asignado al Páramo El Duende-Cerro Plateado, más de $8.000 millones, de los cuales sólo se ha ejecutado el 46% ($3.900 millones).
¿En qué andan las CAR?
En la misma línea, está el análisis efectuado por la Contraloría Delegada de Medio Ambiente sobre la inversión de las CAR en estos ecosistemas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1930, que impuso a las autoridades ambientales el deber de destinar recursos en sus instrumentos de planeación para los páramos, así como la destinación de manera prioritaria de un porcentaje de las tasas de uso de agua y de las transferencias del sector eléctrico.
Según información reportada por (24) Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en ecosistemas de páramos en Colombia, se pudo establecer que, durante el periodo de 2019 a junio de 2023, estas entidades invirtieron $107.483 millones equivalentes a sólo 1,2% de la inversión total comprometida por ellas, para el mismo periodo.
Otro dato inquietante, extraído del Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente- IERNA 2022, que entregó la CGR al Congreso, es el siguiente:
Las Corporaciones Autónomas Regionales apropiaron recursos para inversión cercanos a $3,1 billones de pesos; de los cuales comprometieron $2,7 billones y ejecutaron poco más de $1,5 billones, lo que equivale a una ejecución del 57%.
“Esta cifra resulta alarmante si se tienen en cuenta las necesidades que tienen los territorios en materia ambiental, las cuales deben ser atendidas por esas Entidades”, indicó al respecto el Contralor.
Otras temáticas ambientales analizadas por la CGR
La Contraloría General de la República también vigila el cumplimiento de las funciones e inversiones de las entidades responsables de la protección de los páramos y en el año 2022 desarrolló la Auditoría de Cumplimiento “Seguimiento a la gestión integral de páramos en Colombia en cumplimiento de la Ley 1930 de 2018”.
El informe citado reportó que, a diciembre de 2021, de los 37 ecosistemas de páramo existentes, 32 contaban con delimitación en firme, 1 había sido declarado área protegida, al tiempo que para 4 complejos de páramos las resoluciones de delimitación habían sido derogadas por las Altas Cortes debido a la ausencia de garantía del derecho a la participación y otros derechos de los habitantes. Esto, específicamente en los páramos Santurbán-Berlín, Almorzadero, Pisba y Cruz Verde-Sumapaz.
Al respecto, preocupa a la Contraloría que, pasados más de 5 años de cumplido el término otorgado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-361 de 2017 para emitir la nueva resolución de delimitación del Páramo Santurbán – Berlín, este proceso aún no presenta cumplimiento de esta orden.
“Esto denota un incumplimiento por parte del Ministerio a la formulación de una política pública para la intervención integral de los complejos de páramo, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que, sumado al incumplimiento en la formulación de los planes de manejo ambiental por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio, arroja un panorama poco alentador”, indicó el Contralor Carlos Mario Zuluaga.
Comentó también los resultados de otro ejercicio que realizó la CGR, evaluando el funcionamiento del Fondo de Compensación Ambiental -FCA, como instrumento de apoyo financiero a las Corporaciones Autónomas Regionales de menores ingresos (años 2019-201).
Allí se evidenció ineficiencia en el manejo de los recursos de este fondo por parte del Ministerio, derivándose retrasos recurrentes en la aprobación y desarrollo de los proyectos de inversión y consecuentemente bajos niveles de ejecución presupuestal; impidiendo que los recursos lleguen oportunamente a las CAR de menores ingresos, con jurisdicción sobre territorios que contradictoriamente registran los más altos índices de pobreza y mayores desafíos ambientales, en tanto albergan ecosistemas frágiles, de gran importancia ecológica.
Gestión Pública y Cambio Climático
En el Foro “Páramos y Cambio Climático se conocieron también las conclusiones de un estudio de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente titulado “Análisis de la Gestión Pública de la Adaptación al Cambio Climático en el Territorio Colombiano”; en el cual se evidencian cambios del territorio en variables como la temperatura y la precipitación, generando efectos negativos que ya se perciben sobre los ecosistemas del país, entre estos los glaciares y páramos, así como en los ecosistemas marinos y costeros.
Además, se observó que el retroceso acelerado de los glaciares puede afectar la dinámica de los ecosistemas anexos de alta montaña (páramos, lagunas y bosques altoandinos).
Falta una Política Pública sobre
Gestión Integral de los Páramos
Según el Vicecontralor en funciones de Contralor General, de los aspectos observados y compartidos en este Foro, se deriva la inexistencia de una Política Pública sobre la Gestión Integral de los Páramos en Colombia que defina y delimite responsabilidades, que integre y alinee interinstitucional e intersectorialmente competencias, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, tanto en el orden territorial como nacional, así como la participación de los particulares y sociedad civil en lo que corresponda. La sola expedición de la Ley 1930 de 2018 no reemplaza los elementos integradores y esenciales de una política pública”,
Lo anterior ha generado dispersión en la asunción de competencias administrativas, como en el manejo de los recursos haciendo difusas las responsabilidades en el impostergable esfuerzo de protección y conservación de los páramos; al tiempo que es clara la inexistencia de un sistema o mecanismo que centralice información de proyectos de inversión ejecutados por las entidades del sector, dificultando el seguimiento y monitoreo tanto financiero como físico de las actividades de preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento sobre los ecosistemas de páramos, agregó.
