La Procuraduría instauró una acción popular contra el Ministerio de Salud y Protección Social y otros, que busca proteger el derecho fundamental a la salud, la moralidad administrativa de los consumidores y usuarios; que han sido afectados y amenazados por sus acciones y omisiones, en particular,el descuido en la expedición del CONPES que establezca una nueva política farmacéuticanacional, la cual sigue sin tramitarse, y fuera ordenada por la Ley Estatutaria de Salud.
Señalan que se espera que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) regule todo el sistema de medicamentos del país, desde la expedición de registros, la fabricación, importación, comercialización, los sistemas de control y regulación de precios;con el fin de garantizar su disponibilidad para el tratamiento de todas las enfermedades que aquejan a los colombianos.
En espera de la decisión del Tribunal, la Procuraduría, alertada por los actores del sistema de salud, sobre la escasez y desabastecimiento de medicamentos, radicó en septiembre de este año, un memorial informando al alto Tribunal sobre las afectaciones a los derechos colectivos de los ciudadanos como resultado de las omisiones del Ministerio de Salud y Protección Social y de su entidad adscrita, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la cual acumula 27.904 trámites de registros sanitarios sin evacuar.
Los trámites acumulados, corresponden a nuevas solicitudes de registros sanitarios, renovaciones, modificaciones y autorizaciones de publicidad que han impedido tener en el mercado miles de medicinas como vacunas, anticancerígenos, antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiagregantes plaquetarios, anticonvulsivantes, y otros vitales para el tratamiento de enfermedades mentales, enfermedades huérfanas y enfermedades catastróficas que requieren niños, adolescentes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional.
