El decreto establece que los beneficiarios de este programa serán jóvenes entre los 14 y los 28 años, que cuenten con documento de identidad expedido por autoridad colombiana y que, de acuerdo con los criterios de focalización territorial e individual definidos por el Departamento Nacional de Planeación –DNP– cumplan con las siguientes condiciones:
-Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.
-Tener residencia habitual en zonas rurales.
-Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
-Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
-Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.
-De igual forma, quedan explícitas ciertas condiciones para que los jóvenes reciban las transferencias.
-No podrán tener en su contra “órdenes de captura o de aprehensión, medidas privativas de la libertad o que reciban otro tipo de ayudas del Gobierno Nacional como el programa Jóvenes en Acción”.
-También deberán cumplir con requisitos educativos y el cumplimento de medidas para recibir los 12 giros de hasta un millón de pesos. De lo contrario, serán expulsados del programa.
Otro de los propósitos del polémico programa es el de “impulsar el goce del derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad, y la construcción de paz en los territorios”, informó el Ministerio de la Igualdad al que está asignado su implementación.
Además, agrega, el programa incorpora y adopta “el enfoque territorial, de seguridad humana y justicia social, de derechos, diferencial, étnico racial, campesino, de género e interseccional”.
