El Ministerio Público confirmó que el servidor público se interesó indebidamente en la suscripción con Yuma Consecionaria, para la realización de los estudios y diseños de la fase 3 para el segundo puente en Plato – Zambrano sobre el río Magdalena, por valor de $5.788.240.106, con el fin de entregarle de estos recursos para continuar con la segunda calzada de la troncal, una suma de dinero equivalente a $650.000.000 millones a José Roberto Prieto Uribe.
Además, el organismo de control verificó que de los recursos dispuestos para este negocio jurídico se entregaron a José Roberto Prieto Uribe para gestionar favorecimientos externos.
A su vez, el ente disciplinario corroboró que el funcionario realizó acuerdos previos para sacar los recursos, los cuales se adelantaron de manera interna en la ANI por medio de la creación de subcuentas al momento de la suscripción de la concesión; la cual había sido denominada inicialmente como un rubro para supervisión del área; pero se constató que los dineros se desviaron a un tercero.
Por tanto, la Procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento 2 calificó la falta de Andrade como gravísima, a título de dolo, decisión que procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación.
