Un estudio sectorial realizado por la Contraloría General de la República concluyó que, entre los años 2019 y 2022, se presentaron 114.703 solicitudes de medidas de protección radicadas por personas y comunidades ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, sólo 39.299 casos fueron objeto de evaluación y, de éstos, se asignaron medidas a 10.459. Por consiguiente, se otorgaron medidas a 9,1% de las solicitudes y a 26,6% de las evaluadas.
El estudio determinó que el costo de las medidas de protección, implementadas por la UNP entre los años 2021 y 2022, ascendió a 1,9 billones de pesos, valor que representa un 63,5% del presupuesto ejecutado por la Entidad durante este periodo. La mayoría de los gastos se dio por el pago a personal de escoltas (1,08 billones) y alquiler de vehículos (644.653 millones), mientras que para los apoyos de transporte y reubicación de protegidos se destinaron 29.258 millones.
8014 personas fueron beneficiarias de medidas de protección al cierre del año 2022. Entre ellas sobresalen las comunidades indígenas y afrocolombianas, al ser las dos poblaciones con mayor número de beneficiarios (1.591), seguidas por 1.220 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 473 desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil, 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara.
El estudio señala que existen grandes diferencias en la configuración de las medidas de protección para los principales grupos poblacionales, las cuales se reflejan en los costos anuales. Mientras a un congresista le destinaron en promedio $374 millones anuales entre 2021 y 2022, para proteger a un defensor o líder social se emplearon $124,5 millones por año. Y en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dicha cifra alcanzó un costo de 103,4 millones anuales.
Al respecto, los altos funcionarios del Estado (congresistas, magistrados, ministros, etc.) tienen las medidas de mayor importancia, entre ellas vehículos blindados y escoltas, conocidas como medidas duras. Mientras que los grupos cuya protección depende de la valoración del riesgo realizada por la UNP -como defensores, líderes sociales y comunidades étnicas-, cuentan, en la mayoría de los casos, con medidas blandas que primordialmente incluyen equipos de comunicación y chalecos antibalas.
El estudio encontró algunos grupos poblacionales con una alta proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo sobre su vida e integridad, entre ellos: testigos de violaciones a los derechos humanos (96,9% de las valoraciones efectuadas a esta población), antiguos miembros de la Unión Patriótica (92,3%), desmovilizados en proceso de reintegración (83,6%), y profesionales que intervienen en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos (82,4%). Quienes son, por el nivel de riesgo, los que requieren mayor seguridad.
A nivel territorial, se estableció que algunos departamentos poseen una alta proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo, entre los que sobresalen: Arauca con 84,4% de las valoraciones realizadas en ese departamento, Guaviare (82,9%), Nariño (79,4%), Chocó (78,9%) y Cauca (76,4%). Estas zonas registran los mayores niveles de amenaza, y allí continúan graves hechos de violencia por parte de los grupos armados ilegales y la delincuencia común.
Causas de la baja cobertura
De acuerdo con la información analizada por la Contraloría, de las 114.703 solicitudes de protección, radicadas ante la UNP entre los años 2019 y 2022, solamente 24.373 (21,2%) iniciaron el procedimiento para la asignación de medidas. Según la Entidad, esto se debe a que la mayoría de las solicitudes no cumplen con los requisitos exigidos; en especial, la acreditación de pertenencia a uno de los grupos poblacionales que pueden ser beneficiarios de protección individual o colectiva.
Algunas solicitudes no corresponden a las competencias de la UNP y son trasladadas a otras instituciones, como la Policía Nacional; o también se presentan casos donde el solicitante no autoriza la realización de la evaluación de riesgo.
Arreglo institucional
El análisis de la CGR señala que existe multiplicidad de instancias interinstitucionales con similares propósitos e integrantes, duplicidad de funciones que distorsionan la delimitación de responsabilidades de cada entidad participante, y deficiencias asociadas a la falta de coordinación y articulación en detrimento del cumplimiento del objetivo de la política de protección.
En tal sentido, información reportada por el Ministerio del Interior y la UNP, muestra el cumplimiento de acciones establecidas en normas y planes. Sin embargo, al contrastar las mismas, con las cifras sobre violencia contra los defensores y líderes sociales, es claro que las acciones de estas entidades no mejoraron los niveles de seguridad de dicha población.
Los resultados de la evaluación cuestionan la validez del diseño institucional definido en la norma, el cual requiere simplicidad, especialización y claridad en las responsabilidades de las entidades, así como un enfoque orientado a resultados.
Como resultado del estudio llama la atención la existencia de 2.360 actos administrativos para la implementación de medidas de protección, expedidos entre 2019 y 2022, los cuales no están sustentados en una evaluación del riesgo. De acuerdo con la Entidad, las causas de esta situación pueden obedecer a: 1. órdenes para la protección de candidatos electorales. 2. evaluaciones de riesgo efectuadas por la Policía Nacional o 3. trámites de emergencia. Sin embargo, los datos reportados no permiten diferenciar con precisión estos tres motivos.
La carencia de sistemas de información en la UNP es una de las deficiencias notorias. Situación que se refleja en la elaboración de reportes separados para los procesos de atención inicial de las solicitudes, evaluaciones de riesgo e implementación de medidas de protección. En consecuencia, existen impedimentos objetivos sobre la posibilidad de realizar seguimientos detallados a la situación de cada uno de los solicitantes y beneficiarios de las medidas.
Duración de los trámites
Una de las mayores preocupaciones, de las personas que solicitan protección, es la duración de los trámites para el otorgamiento de medidas, especialmente, en las evaluaciones de riesgo individuales y colectivas que efectúa la UNP. Sobre el particular, se halló una disminución del tiempo empleado en estas evaluaciones, el cual pasó de 103,8 días calendario en 2019 a 63,1 en 2022.
Sin embargo, es evidente la enorme diferencia entre la duración de las evaluaciones de riesgo individual y las de riesgo colectivo, pues estas últimas, registran un promedio de 269 días calendario en el año 2022.
El estudio de la CGR llama la atención al Gobierno Nacional sobre la distribución y la oportunidad de las medidas de protección orientadas a personas y comunidades en riesgo, teniendo en cuenta el alto nivel de violencia contra esta población; la cual se refleja en los 854 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales ocurridos entre 2019 y 2022, según la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
