Una de las entidades promotoras de estos cambios es la Unidad para las Víctimas, su directora, Patricia Tobón, tiene como objetivo crear una comisión de financiamiento con el cual se logren indemnizaciones a las víctimas.
«La idea es comprometer, desde el más alto Gobierno, la búsqueda de diversas fuentes de financiación para lograr los recursos que requiere la reparación a las víctimas, con la creación de una comisión de financiamiento», explicó Tobón.
Además, el proyecto propone fortalecer el enfoque diferencial e interseccional, par abordar de manera correcta las particularidades y vulnerabilidades de ciertos grupos de población debido a su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, origen étnico, territorial y cultural.
De tal manera, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral se mitigarán los riesgos y se atenderán problemas expuestos por las víctimas.
Así mismo, la iniciativa busca fortalecer la articulación entre las instancias y sistemas institucionales para que sea efectiva, eficiente y oportuna.
Entre las alianzas de trabajo estará la inclusión para las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Otro punto de las modificaciones será definir una «Estrategia Integral de Intervención Territorial» que permita articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral para víctimas.
Las modificaciones serán presentadas al Congreso para su aprobación, en primera instancia en la Comisión Primera de Cámara de Representantes.
