El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, intervino en una sesión técnica de la Sala Especial Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-025 de 2004, sobre protección de derechos de personas en situación de desplazamiento forzado, referida a dos temas específicos: Presupuesto y Coordinación Nación-Territorio.
En materia de presupuesto, advirtió que persisten los bloqueos institucionales planteados por la Corte Constitucional en el auto de seguimiento 373 de 2016, o sea:
- Existe un profundo grado de desarticulación o ausencia de coordinación entre las distintas entidades estatales a cargo o con obligaciones en la política pública de desplazamiento forzado.
- La asignación de funciones y responsabilidades en cabeza de las distintas entidades es difusa.
- Y la apropiación de recursos, o la capacidad institucional destinada a atender los componentes de una política, de cara a sus obligaciones legales y constitucionales, resulta insuficiente.
Zuluaga expuso algunas cifras y conclusiones del Décimo Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:
- Los recursos ejecutados para población desplazada entre 2012 y 2022 y los programados para 2023, continúan siendo insuficientes. Por lo que se requiere un mayor esfuerzo fiscal por parte del Gobierno nacional.
- Si bien, los recursos ejecutados por el Gobierno nacional y reportados en su informe por $159,3 billones, han superado las estimaciones de recursos del gobierno nacional realizadas en los Conpes 3712 de 2011 y 4031 de 2021, el cálculo de la CGR, sobre los universos identificados indica que, para ejecutar sólo 8 medidas contempladas en la Ley con aplicación exclusiva para población desplazada en los próximos 9 años, se requerirían alrededor de $192,1 billones de 2023. Estas medidas no incluyen la prestación del servicio universal de salud y educación ni las medidas que se comparten con la población víctima de otros hechos victimizantes.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General enfatizó es que se hace necesario que el Gobierno Nacional:
- Revise y ajuste la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 para la población desplazada y demás víctimas, articulando los recursos entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas -SNARIV-
- Establezca una ruta para cumplir con la reparación integral de la población víctima y mejore el registro integrado de las atenciones realizadas.
- Implemente acciones de eficiencia del gasto mediante la articulación de las entidades -SNARIV- mejorando el impacto de las inversiones sobre la superación del estado de vulnerabilidad de la población desplazada.
- Es necesario un incremento en los recursos asignados y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la atención y reparación de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado.
Sobre el tema de Coordinación Nación-Territorio, mencionó algunas de las dificultades en este tema que señala el Décimo Informe al Congreso de la República, como son:
- Falta de oportunidad en los resultados de las mediciones de los indicadores de coordinación (Coordinación Nación Territorio -CNT-, Subsidiariedad y Concurrencia) y la fórmula individualizadora, con rezagos de más de un año.
- Inexistencia de planes específicos de acompañamiento técnico para las entidades territoriales “concernidas”.
- Necesidad de simplificar y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información disponibles para hacer seguimiento a la política pública a nivel territorial.
- La CGR identifica como bloqueo institucional la falta de expedición del decreto de modificación a la estrategia de corresponsabilidad (Decreto 2460 de 2015). La propuesta de Decreto se está preparando desde hace más de tres años, sin avances. Desde la respuesta al Auto 205 de 2015 sobre ayuda humanitaria, la Contraloría ha señalado la falta de reglas claras y precisas para la aplicación de los principios constitucionales y que en relación con el principio de subsidiariedad se limita únicamente a la atención humanitaria inmediata y el auxilio funerario.
- Existen grandes brechas territoriales en la asignación de recursos para atender la política pública de víctimas. En 2023, con información reportada por las entidades territoriales en el Formulario Único Territorial -FUT- mientras para Bogotá la relación es de $2,5 millones por víctima en el territorio, en Montería es $2,6 millones, en departamentos con graves afectaciones del conflicto armado como Chocó, la relación por víctima en el territorio es de $3 mil, Tumaco $7 mil, Valledupar, Cauca y Nariño $9 mil. Por tanto, se hace necesario revisar la concurrencia de la Nación y el fortalecimiento de las capacidades territoriales, en estos casos.
- Para la CGR es preocupante, la falta de avances concretos y los rezagos relacionados sobre las acciones planteadas por el Gobierno Nacional. La propuesta de presentar un plan de trabajo consolidado a 30 de noviembre, no permitirá su análisis por parte de todos los actores, perdiendo la oportunidad de mejora que es precisamente el fin último de estas sesiones técnicas.
