La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los representantes de los Pueblos Étnicos señalaron en el décimo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, presentado al Congreso de la República, que se necesita con urgencia una articulación efectiva de las entidades públicas que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV- para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.
Añadieron que se requerirían alrededor de $252,4 billones entre 2023 y 2031 que deberán ser asignados para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación para las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) indicó que para 2022 se presentó un rezago de $732.100 millones disponibles que no fueron ejecutados por las entidades nacionales encargadas, y de $430.819 millones en productos y servicios que aquellas no recibieron dentro de la vigencia. Las entidades con menores recursos ejecutados fueron el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Manifestó su preocupación por la constante reducción en términos reales de los recursos asignados a la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas -PPARIV-, pues para 2021 fue de $8 billones, en 2022 de $7 billones y para 2023 solo se programaron $5,7 billones, un 22% frente a la vigencia anterior.
Llamó la atención frente a la baja ejecución de recursos de departamentos como Cauca, con un 8%; Cundinamarca, con 26%; Boyacá, con 31%; San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 48%; Vichada, con 55%, y Arauca, con 41%, y también evidenció grandes brechas en la asignación de recursos de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas por ubicación, con una relación muy baja en regiones como Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño
Crisis humanitaria por desplazamientos forzados
La Comisión advirtió un complejo escenario de crisis humanitaria, caracterizado por fenómenos de revictimización y nuevas afectaciones, incluso en el marco de los procesos de acercamiento y negociaciones de la Paz Total. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- en 2022 se registraron 129 eventos por desplazamiento forzado de carácter masivo que afectaron a 56.558 personas, y 47 eventos de confinamiento de 41.106 ciudadanos y ciudadanas.
Sostuvo que los homicidios de líderes, lideresas y personas que defienden los derechos humanos tuvieron un incremento significativo del 32,5 %, respecto a lo registrado en 2021. Agregó que persiste la barrera en la ruta de protección individual y colectiva para la población con orientación de género diverso, en especial para los hombres gay, personas no binarias y los hombres transgénero.
En cuanto a la oferta de servicios, sostuvo que no se ha podido concretar la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas -CRAV- de Ibagué y Carmen de Bolívar (Bolívar) y llamó la atención sobre el notable deterioro de la infraestructura de las sedes de Valledupar, Curumaní (Cesar), Villavicencio y Barranquilla.
La Comisión estableció que en 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedieron a esa medida y para el primer trimestre de 2023 el 14,46% de estos sujetos de atención por primer año no la recibieron, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021.
Señaló que persisten dificultades para las comunidades desplazadas forzosamente para ejercer de manera plena los derechos al retorno y la reubicación, pues a 31 de diciembre de 2022 solo el 12,71% superaron su condición de vulnerabilidad.
En cuanto al tema de rehabilitación indicó que el Gobierno nacional, pese a los esfuerzos realizados en materia presupuestal, debe establecer una destinación específica de recursos que garanticen la atención diferencial a niños, niñas y jóvenes.
Atención integral e indemnización a víctimas estancada
La Comisión agregó que continúa el estancamiento en el número de víctimas en general atendidas, lo anterior marcado con mayor énfasis en las zonas más apartadas del país, pues se registró una disminución en la atención brindada, pues en 2022, fueron 10.806, frente a 68.799 en 2021, lo que equivale a una reducción del 76 %.
Sobre restitución de tierras se evidenció una baja gestión en el trámite para la protección predial en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA-, por parte de la Unidad de Restitución de Tierras -URT-, pues de las 1.186 solicitudes para la inscripción en el RUPTA, 621 quedaron en trámite sin decisión de fondo, es decir solo el 52% del total de las presentadas en 2022.
Frente a los subsidios de vivienda entre el año 2000 y marzo de 2023, la Comisión precisó que de un total de 1’205.718 hogares integrados por víctimas de desplazamiento, solo se han asignado 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 de rural, número que resulta insuficiente frente a 1.205.718 hogares pendientes. De los cuales, no se han entregado 70.013 subsidios debido a proyectos de vivienda que no se han terminado, están paralizados o siniestrados.
En materia de generación de ingresos se requiere una política específica para población víctima ya que, según información del DANE (2021), esta población es más vulnerable dentro de los vulnerables del país. Las tasas de incidencia de pobreza para esta población son superiores al total nacional en 10,8% en pobreza monetaria y en 5,7% en condición extrema. En abril de 2023, en Sisbén IV se registraron 5.257.119 víctimas y un 84 % de ellas continúan en los niveles más bajos de pobreza extrema y pobreza moderada.
La Comisión indicó que hay un total de 8.5 millones de eventos pendientes por indemnizar con un costo estimado por la UARIV de $67.4 billones. Señaló que el mayor número de personas indemnizadas corresponde a desplazamiento forzado, con un 64,4% (762.943), seguido de homicidio, con 27,5% (329.420) y desaparición forzada, con un 4,9% (56.738).
En cuanto al enfoque de género, la Comisión evidenció que a diciembre de 2022 se indemnizaron 8.816 mujeres víctimas de delitos contra la integridad y formación sexual en el marco del conflicto armado, que frente al universo de mujeres víctimas por este hecho (34.067), representa solo el 28 %, cifra que continúa siendo baja.
La Comisión llama la atención sobre el rezago en las indemnizaciones colectivas de sujetos étnicos de reparación. Entre 2016 y 2022 se han indemnizado colectivamente 83 Sujetos Étnicos de Reparación por un valor total de $25.372 millones de pesos, que corresponde al 13% de los sujetos de reparación colectiva pendientes.
Incumplimiento en sesiones de las Mesas Departamentales de Víctimas
Para la Comisión continúan las deficiencias para la coordinación y articulación entre la Nación y las entidades territoriales, relacionadas con la falta de planes para acompañamiento técnico a aquellas que cuentan con los recursos y las capacidades, pero presentan baja implementación de la Política Pública de Víctimas, que se evidencia en el incumplimiento con el mínimo de sesiones que deben realizar las Mesas Departamentales de Víctimas.
Es necesario reforzar las capacidades administrativas y de gestión de municipios como Cáceres, (Antioquia), Patía (Cauca), Bagadó (Choco), San Zenón (Magdalena), Colòn (Nariño) y Sucre (Sucre) que cuentan con niveles muy bajos de gestión, y es prioritario realizar un seguimiento a la gestión pública de los municipios como Mutatá (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Puerto Concordia y Mapiripán (Meta), Colosó (Sucre) y Chiriguaná (Cesar), que reiteradamente siguen concernidos en las vigencias pasadas.
Por eso, recomendó al Gobierno nacional avanzar en la estrategia de coordinación Nación – territorio priorizando la asistencia oportuna, atención y reparación integral a la población víctima del conflicto armado.
