La Defensoría del Pueblo les solicita a todas las entidades del Estado trabajar conjuntamente en la eliminación las barreras a las que se enfrentan las juventudes cuando manifiestan su firme intención de participar en los procesos democráticos. Así lo destacó la Entidad al presentar en Buenaventura (Valle del Cauca) el informe defensorial ‘Sistema Nacional de Participación Juvenil, una herramienta para la participación e incidencia juvenil: diagnóstico y seguimiento a su implementación’.
“Para que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la participación, es necesario velar por la garantía de otros derechos fundamentales conexos que les están vulnerando. Son ellos los actores estratégicos, claves, para el desarrollo del país y la transformación social”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El informe de la Defensoría del Pueblo analiza la implementación de la Ley 1622 de 2013 (conocida como Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil) a partir de la elección de los Consejos de Juventud. Con esta ley comenzaron a funcionar las Plataformas de Juventudes como un mecanismo de participación de todas las organizaciones juveniles para dialogar con el Estado; sin embargo, la elección de los Consejos de Juventud era una deuda en la implementación de la ley, comicios que finalmente tuvieron lugar en Colombia a finales del 2021.
“Hoy los jóvenes siguen encontrando barreras de acceso para su plena participación con garantías. Por más de un año escuchamos las voces de las juventudes en encuentros presenciales realizados en diferentes territorios del país, realizamos una encuesta a más de 300 jóvenes consejeros y consejeras de juventud y solicitamos información a diferentes instituciones del orden nacional, con el fin de tener un documento que muestre el panorama actual sobre el ejercicio de participación”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Dejó claro que el informe defensorial hace un análisis sobre el derecho a la participación en conexidad con otros derechos priorizados frente a la vulneración de los derechos a la vida, educación, trabajo y salud (suicidios y embarazos en adolescentes) de las y los jóvenes.
“Es lamentable que el 43,7% de los homicidios ocurridos durante el 2022 en el territorio nacional se concentró en el rango de 14 a 28 años de edad. Además se evidencia que en razón a sus liderazgos, tanto quienes integran los Consejos como quienes forman parte de las Plataformas de Juventudes, presentan un incremento de amenazas y riesgos a su vida e integridad sin que la atención institucional para la prevención y protección sean eficaces, y sin claridad sobre las cifras, a la fecha, que permitan implementar medidas integrales y oportunas”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Añadió como necesario la puesta en funcionamiento de un mecanismo institucional de seguimiento para la toma de decisiones y acciones integrales de prevención y protección de la vida de las y los jóvenes del Sistema de Participación, pues es un mecanismo de participación de rango constitucional que merece toda la atención estatal.
En el documento también se establece que la cobertura de educación media, a nivel país, no llega al 50% y que el 40,9% de las y los jóvenes pertenecen al estrato socioeconómico uno.
Ausencia de política pública para las juventudes
El Defensor del Pueblo señaló que es deber del Estado promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos: “No es posible que tan solo 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia, es decir, el 6,7%, cuenten con una política pública de juventudes y que de ese reducido porcentaje no todos tengan planes de acción o indicadores. Una política pública sin indicadores de seguimiento y sin presupuesto no es más que una declaración de intenciones”.
Es fundamental que sea comprendida la importancia de la participación como una herramienta para gestionar la conflictividad social y la posibilidad de prevenir las violencias de las que son víctimas las juventudes, y como un mecanismo para alcanzar mayores y más efectivas medidas de garantía de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones a diversas entidades nacionales y a las autoridades locales, departamentales y nacionales. “Porque nuestro objetivo principal es que sea mejorada la respuesta institucional del Estado frente a la responsabilidad de la garantía de los derechos de las juventudes, con especial énfasis en el derecho a la participación”, destacó Carlos Camargo Assis.
