La Contraloría General de la República, a través de su delegada de Salud, realizó Auditoria de Cumplimiento a la EPS Emssanar para la vigencia 2021, en la cual se determinaron 68 hallazgos administrativos, de los cuales 42 hallazgos tienen alcance fiscal en cuantía de $28.570 millones.
Así mismo, 63 hallazgos tienen presunto alcance disciplinario, 14 dan lugar para iniciar indagación preliminar y 5 con otras incidencias.
Dentro de los principales incumplimientos que se establecieron en la auditoría están los siguientes:
- La EPS registra en los reportes financieros, con corte a 31 diciembre de 2021, cuentas por pagar con atrasos significativos en el pago de los servicios de salud contratados con la red prestadora de servicios. Las cuentas por pagar que se encuentran en el rango entre 181 a 360 días y más de 360, alcanzan los $90.896.002.120, representando el 59,5% del total de obligaciones que se encuentran en mora por $155.348.205.022.
- Durante el 2021 se elevaron 54.007 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) a la EPS Emssanar, el 79.75% de estas peticiones tienen causas que correspondieron a 3 motivos de inconformidad en la prestación del servicio de salud: demora en autorización de servicios y tecnologías en salud (52,30 %), falta de oportunidad (42.83%) y restricciones existentes para la libre escogencia de EPS (4.87%)
- Se determinó el incumplimiento de las regulaciones emitidas para la compra de servicios de salud por el mecanismo de pago por capitación, al aplicar esta modalidad al suministro exclusivo de medicamentos con establecimientos farmacéuticos, que resultó en pagos que no guardan correspondencia con el valor de los medicamentos suministrados (contratos Nos. 075- 1CS210001, 075-1CS210002, 075-1CS210003, 820-1CS210001, 349-2CS200003, 349-2CS200006, 349-2CC200001, 349-2CC200004, 771-1CS210002 y 771-1CS210001)
Otras situaciones señaladas por la CGR
- Las deficiencias detectadas en la entidad auditada corresponden a pagos de intereses por créditos bancarios asumidos con entidades financieras, aspecto no contemplado en la regulación especial del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y pagos que no guardan relación de causalidad con la prestación de servicios de salud.
- Así mismo, con recursos de los presupuestos máximos se pagaron bienes, servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC que en algunos casos, no se sujetaron a las tarifas y precios establecidos normativamente.
- Se efectuaron descuentos de recursos pagados sin justa causa, lo que es de traduce en deficiencias en la actualización de información de afiliados a cargo de la EPS, y que implicaron que estos pagos fueran indebidos.
- No se registran servicios negados. Sin embargo, se observan peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que indican debilidades en la atención al afiliado.
- Existieron anticipos cuya legalización supera el término establecido para la presentación de los debidos soportes de su aplicación.
- Por otra parte, la Contraloría concluyó que esta Entidad Promotora de Salud dio cumplimiento a la normatividad emitida en materia de salud prevista para el manejo y administración de los recursos parafiscales a su cargo.
- El servicio esencial de la salud se garantizó a través de la red prestadora, se suscribieron los contratos en sus diferentes modalidades de pago por municipios y departamentos, acorde al proceso de afiliación de competencia de la EPS.
- Así mismo, el proceso de auditoría a la cuenta y el pago de los servicios radicados, aunque evidenciaron deficiencias no generaron suspensión del servicio e incumplimiento flagrante de su función de aseguramiento, entendido entre otros, como la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud y la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo del afiliado.
Traslado de hallazgos
Los resultados de esta auditoria fueron trasladados a las instancias competentes para que se realicen las investigaciones y procesos a que haya lugar, cumpliendo así el compromiso de ejercer el control fiscal y eliminar los presuntos hechos de corrupción.
