La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada para el sector de Inclusión Social, realizó un estudio sectorial correspondiente a la vigencia 2019-2022, donde se evaluó la ejecución del proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional – FIP”, ejecutado por Prosperidad Social, a través de cual se financian proyectos para la satisfacción de necesidades de la población colombiana en situación de pobreza y pobreza extrema, en el que se evidenció que en la ejecución presupuestal del cuatrienio alcanzó apenas 21,23%, a pesar de que el presupuesto asignado fue superior a los $3,7 billones de pesos, de los cuales fueron “devueltos” por inejecución $1.73 billones.
Estos proyectos incluyen obras como plazas de mercado, centros de acopio, centros de transformación productiva, pavimentos y placas huellas, para mejorar la calidad de vida, la competitividad local y la generación de empleo e ingresos en las comunidades con los mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, en el cuatrienio 2019-2022.
Principales conclusiones del estudio
El proyecto contó con una asignación presupuestal inicial para el periodo 2019-2022 superior a los $3.7 billones de pesos, para beneficiar a más de 5 millones de colombianos.
Para las vigencias 2019 a 2022, su presupuesto inicial sufrió variaciones del 60,3% debido a su baja ejecución, por lo que el presupuesto final para el cuatrienio fue de $1,97 billones. Para el año 2021 se presentó un incremento del 2,4% en el presupuesto inicial, aunque su ejecución al finalizar la vigencia fue del 20,72%, circunstancia similar a lo ocurrido en la vigencia 2019 en que la misma fue del 24.07%, en el 2020, del 19,80% y en el 2022, del 20,47%, mostrando una ejecución promedio en las cuatro vigencias de tan solo el 46%, con una disminución de $1.73 billones de pesos respecto de su presupuesto inicial, por lo que $1.06 billones de pesos dejaron de verse reflejados en obras de infraestructura social y comunitaria en los municipios beneficiados.
Igualmente, se identificaron falencias en la asistencia técnica que debe prestar Prosperidad Social a las entidades territoriales, relacionadas con en el cumplimiento de los tiempos de ejecución de obras y dificultades de recursos financieros y técnicos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Se evidenció que desde la firma del convenio entre el ente territorial y Prosperidad Social, hasta la firma del acta de inicio de obra transcurren en promedio 22.3 meses, es decir 1,8 años, a su vez, el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la entrega de la obra es de 47.4 meses, es decir 3,95 años, y el tiempo promedio de obra es de 25.1 meses, equivalente a 2 años, que comparado con los plazos establecidos en los contratos, los cuales tienen un tiempo promedio de ejecución entre 6 y 12 meses, exceden en tres veces los establecidos contractualmente, reflejando un claro incumplimiento de los principios de planeación, eficacia, eficiencia, economía y oportunidad en la gestión e inversión pública.
Riesgo Fiscal
La CGR hace un llamado de atención a Prosperidad Social para que implementen en el menor tiempo posible las acciones de mejora necesarias que permitan que la población en situación de pobreza y pobreza extrema pueda beneficiarse oportunamente de las obras sociales y comunitarias financiadas a través de este proyecto.
La Delegada de Inclusión Social, realizará un seguimiento permanente la ejecución de los recursos asignados a este proyecto, con el propósito de que los mismos cumplan con el objeto de reducir la desigualdad en zonas del país en donde las obras sociales y comunitarias permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar la competitividad local y la generación de empleo e ingresos en comunidades con los mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, en cumplimiento de los principios de la vigilancia y el control fiscal dispuestos en la Constitución y en la Ley.
