Gracias a una acción de cumplimiento presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades, como la Universidad del Magdalena, se logró lo que ha sido considerado en el país ‘una victoria climática’, luego que la sentencia de un tribunal obligara al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptar una serie de medidas para cumplir compromisos con los impactos en el clima generados por el sector minero energético.
La sentencia, es una respuesta —en primera instancia— a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad de Magdalena, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas y la investigadora Paola Yanguas.
La Alma Mater, se vio representada por la doctora Andrea Cardoso Díaz, profesora de planta de la Institución, quien hizo parte del grupo de accionantes que consiguió el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Somos accionantes de esta acción de no cumplimiento, existe un vacío en las diferentes políticas climáticas que no tenían en cuenta los efectos del carbón, y a partir de esta sentencia, esperamos que el Gobierno incluya la mitigación del reconocimiento de los impactos de la salida del carbón en el Cesar, Guajira y Magdalena”, manifestó la doctora Andrea Cardoso, doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales área Economía Ecológica.
En ese sentido, el fallo se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global y ordenar a los dos ministerios el cumplimiento de las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional.
Asimismo, esta acción demostró, mediante un trabajo de documentación, sistematización y análisis, que en los últimos seis años el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas normas.
Desde esta Casa de Estudios Superiores, se han adelantado investigaciones y publicaciones sobre la agenda de transición minero-energética en el Caribe Colombiano que implica políticas públicas ante la salida del carbón. Además, se cuenta con un semillero de investigación en transición energética y se realizó el diplomado en transición minero-energética justa en el Caribe Colombiano dirigido a trabajadores salientes de la minería de carbón.
El diplomado, tuvo como principio determinar cómo ayudar a estos trabajadores, para que tengan herramientas para continuar con su proyecto de vida.
Al respecto, el Doctor Pablo Vera Salazar, Rector de UNIMAGDALENA, aseguró que “el objetivo de este era pensar cómo armonizar su proyecto de vida con la posibilidad de un proyecto empresarial de economía colaborativa, identificamos unas aglomeraciones, con las que se podrían montar tres o cuatro cooperativas”.
También, afirmó que es necesario que todo el sistema educativo haga un diagnóstico claro de la situación, las regiones y de los trabajadores para encontrar cuál puede ser el plan. “La experiencia en La Jagua nos mostró que nadie estaba preparado para que saliera el carbón así, ni los trabajadores ni los gobiernos locales, eso implica, una política de largo plazo”, dijo.
¿Qué ordena la sentencia al Gobierno?
En total, la sentencia generó ocho órdenes dirigidas a los dos ministerios, entre ellas la de actualizar los estudios de impacto ambiental de la minería en Colombia para incluir los impactos climáticos. El tribunal ordenó también establecer regulaciones para hacer obligatorio que las empresas —especialmente las del sector carbón— establezcan registros obligatorios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
La acción de cumplimiento cuestionó los instrumentos de política pública que han subestimado la contribución de las actividades del sector carbón a la crisis climática. Evidenció además vacíos de información críticos en los inventarios de GEI a nivel nacional, así como la falta de atribución de responsabilidades del sector carbón como parte de las causas estructurales de la crisis climática.
Según el comunicado enviado por las organizaciones accionantes, al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final y si el alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional deberá cumplir con las ocho órdenes en un plazo de seis meses, lo que implica la reformulación de puntos centrales de los instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático en Colombia.
