Es “una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, según se extrae de un comunicado.
A pesar de la alarmante cifra, se produjo una disminución respecto al mismo periodo de 2022, cuando hubo 114 casos, aunque la tendencia podría ir en aumento, debido a las elecciones regionales que se celebrarán en el país en octubre.
La mayoría de asesinados fueron líderes comunales (22 homicidios), seguidos de líderes comunitarios (20 casos) e indígenas (16), que conforman el 63% de los asesinatos registrados por el ente estatal.
Además, el departamento del Cauca (suroeste) fue el más afectado, con 17 casos, seguido de Nariño (también en el suroeste) y Antioquia (noroeste).
“Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos”, alegó el defensor del Pueblo.
Y a la vez lamentó que “no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”.
Se trata de una cifra mayor a la reportada la pasada semana por Human Rights Watch (HRW), que cifró en 77 los defensores de derechos humanos asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año.
