La Procuraduría General de la Nación ha expresado su grave preocupación por la situación que se vive en el departamento del Chocó a causa del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.
Una comisión especial enviada por el Ministerio Público al Chocó ha revelado que este flagelo es llevado a cabo principalmente por dos grupos que tienen presencia en la región del Pacífico: el ELN y el Clan del Golfo.
Durante el año 2022, se registró la deserción de 6.019 estudiantes en todo el departamento, siendo más del 54% de ellos provenientes de la zona de San Juan, epicentro de la actual crisis humanitaria. Las razones de esta deserción están relacionadas con el desplazamiento de las familias o su confinamiento en los municipios, y en la mayoría de los casos, por el temor a ser reclutados mientras se dirigen a las escuelas y colegios, según informó la Procuraduría.
Sin embargo, el reclutamiento forzado no es el único fenómeno que afecta a los menores en el Chocó. Jefferson Mena, asesor delegado de la procuradora Margarita Cabello para liderar la comisión, ha afirmado que una de las graves consecuencias del incremento en el reclutamiento forzado es el aumento de suicidios entre los jóvenes, quienes temen ser cooptados para la guerra.
La entidad también ha destacado que no existe un registro exacto de los menores reclutados, pero según datos entregados por la Policía Regional, en lo que va de 2023 se han rescatado a 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. No obstante, se reconoce que existe un subregistro considerable en relación a este flagelo.
Además, la comisión recibió denuncias de funcionarios de la Unidad para la Atención de Víctimas (UARIV), quienes señalaron que las comunidades chocoanas nunca recibieron alimentos y otros artículos de primera necesidad destinados a cuatro municipios.
La Procuraduría, contrastando esta información con la Defensoría del Pueblo y entidades de cooperación internacional presentes en la zona, ha confirmado que efectivamente las ayudas mencionadas por la UARIV nunca llegaron, lo que ha empeorado la situación de escasez para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan.
Finalmente, la Procuraduría ha solicitado al Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, el ICBF y otras entidades a nivel nacional que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esta subregión y garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades, como la vida, la alimentación, la salud y la libre movilidad.
