Incertidumbre total y un desgobierno en la gestión y manejo de la problemática de la minería ilegal, evidenció la Procuraduría General de la Nación luego de realizada la mesa interinstitucional donde las autoridades competentes expusieran las acciones y esfuerzos para afrontar la crisis económica, social y ambiental que se presenta por la práctica de minería ilegal en el Proyecto Minero de Buriticá, en el noroccidente antioqueño.
El ente de control confirmó afectaciones ambientales por los vertimientos ilegales y la presencia de mercurio en las fuentes hídricas y en las aguas subterráneas que surten a los habitantes del municipio de Buriticá y de las regiones aledañas, información que fue expuesta por parte de Corantioquia, asegurando que las sanciones y controles se ven afectados por los problemas de seguridad.
Asimismo el Ministerio Público aseguró que, los problemas de orden público han imposibilitado el desarrollo de proyectos de formalización minera propuestos como solución de reconversión económica, ya que cerca de 300 familias no han podido ejercer su actividad de manera legal y otras 300 no han podido ser beneficiadas.
“No estamos en una situación de normalidad, no es una actividad minera que requiere fiscalización, seguimiento y medidas de orden público normales, es una situación anómala que si se llega a replicar en el país, básicamente entramos en un desgobierno de la actividad minera” aseguró Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
La crisis social también ha aumentado exponencialmente en el municipio. De acuerdo con información recaudada por la Delegada para los Derechos Humanos, al menos 5.000 personas, incluidas mujeres y menores de edad provenientes de otros municipios y migrantes venezolanos, han llegado a Buriticá para vincularse a la explotación ilegal, presuntamente cooptadas por el Clan del Golfo y que son inducidas a las drogas, la prostitución y trabajos forzados, entre otras vejaciones.
“Estaremos verificando estrictamente que se cumpla el plan de acción presentado por las entidades del Gobierno, responsable de darle solución urgente a esta grave situación, y de tomar las acciones disciplinarias en caso de incumplimiento”, aseguró el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
Finalmente, el Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional mayor articulación con niveles regionales y locales, reiterando que, si bien el título minero es de un particular, los recursos minerales son de dominio del Estado con incidencia para todos los colombianos.
