Comenzó a dar sus primeros resultados la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que adelanta la Contraloría General de la República, desde enero del presente año, sobre los $2,1 billones invertidos por distintas entidades estatales en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira, labor enmarcada en el seguimiento del organismo de control a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.
Mediante dicha Sentencia, se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu.
Esta actuación viene siendo liderada por la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, y cuenta con la participación de la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, los grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal del Sistema General de Regalías y 10 contralorías delegadas más.
El despliegue de este órgano de control fiscal obedece a que está llamado a intervenir en la gestión estatal 42 entidades, tanto del orden nacional como del orden municipal, entre las que se encuentran ministerios, superintendencias, alcaldías, empresas sociales del Estado, cajas de compensación familiar, empresas promotoras de salud y una corporación autónoma regional.
Por lo pronto, los auditores de la Contraloría General de la República han evidenciado que las entidades no asignaron un presupuesto específico para el cumplimiento de la sentencia durante las vigencias que se están auditando, pero de acuerdo con la misionalidad de cada una de ellas y sus competencias, han invertido recursos por aproximadamente $2.1 billones de pesos en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.
De igual manera, en forma articulada con la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República ha realizado mesas de trabajo interinstitucionales para dar información conjunta sobre las actividades realizadas por los diferentes órganos de control en virtud de la sentencia T-302 de 2017, información que fue allegada a la Corte Constitucional el pasado 23 de junio de 2023.
Seguimiento Permanente a recursos del “Plan de Choque”
Adicional a lo anterior, comenzando el presente año, exactamente el día 17 de enero del 2023, el Contralor General de la República en visita realizada al Departamento de La Guajira, divulgó el Boletín denominado “La deuda del Estado Colombiano con la Niñez de los Grupos Étnicos”, y adquirió el compromiso de adelantar un Seguimiento Permanente sobre los recursos públicos destinados a la ejecución del “Plan de Choque” vigencia 2023, propuesto por el Gobierno Nacional para garantizar los derechos individuales y colectivos de la población infantil sujeta a enfoque diferencial en dicho ente territorial. Esta actividad fue encomendada a la Contraloría Delegada para Población Focalizada.
El objeto del seguimiento permanente consiste en verificar, que, dentro de los planes de acción ejecutados por las diferentes entidades ejecutoras del “Plan de Choque”, hayan incluido actividades encaminadas al cumplimiento de las políticas públicas diseñadas por el Estado en materia de alimentación, agua potable, salud, registro poblacional y saneamiento básico, entre otros aspectos.
Además de realizar “Seguimiento al cumplimiento de las ordenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017” y el “Plan de Choque”, la CGR busca verificar que las acciones realizadas por cada una de las entidades intervinientes hayan sido efectivas e impacten de manera positiva a la comunidad.
