Debido a la finalización de servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) a partir del próximo 31 de julio de 2023, la Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades responsables de la administración de los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país.
Según expresó el ente de control, la USPEC argumentó que se suspenderá la entrega de raciones alimenticias en concordancia a lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares.
Y precisamente, a poco más de un mes para el vencimiento del plazo del Alto Tribunal, el ente de control solicitó a las entidades como el ministerio del interior, ministerio de justicia, gobernaciones y alcaldías presentar soluciones al respecto.
“.. Presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país”, expresó el ente de control.
En este sentido, el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público “verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros”.
ALCALDÍAS Y LAS GOBERNACIONES
En respuesta a un requerimiento hecho por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, la USPEC argumentó que suspenderá la entrega de raciones alimenticias, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares.
A poco más de un mes de que se venza el plazo otorgado por la Corte para realizar esta transición, la Procuraduría, como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL) solicitó al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país.
El Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.
