La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Tierralta Córdoba (2014 -2019), Fabio Leonardo Otero Avilés y el secretario de Gobierno para el mismo período, Willingtón Ortiz Naranjo, por su presunta responsabilidad en la muerte de la lideresa social, María Pilar Hurtado Montaño, ocurrida el 21 de junio de 2019.
El crimen de esta lideresa se conoció ampliamente tras la aparición de un video en el que se ve a su hijo, menor de edad, ahogado en llanto y gritos de dolor tras haber presenciado segundos antes el asesinato de su madre.
Al momento de su asesinato, Hurtado trabajaba como recicladora y al mismo tiempo lideraba un grupo de personas, especialmente mujeres reclamantes de tierras que para ese momento estaban ocupando un lote en jurisdicción de ese municipio, cuyo propietario era padre del alcalde investigado.
Días después de haber recibido un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que la amenazaban de muerte con nombre propio y que puso de inmediato en conocimiento de las autoridades, la mujer fue asesinada por un sicario.
De acuerdo con el análisis de diversas pruebas conocidas por el Ministerio Público, entre ellas algunos testimonios de personas relacionadas con el Clan del Golfo, el homicidio de la señora Hurtado habría sido ordenada por un comandante de ese grupo ilegal, que delinque en la región, como retaliación por la toma del predio en cuestión.
La Procuraduría logró establecer en su análisis, que Hurtado era una lideresa social reconocida por esa administración municipal, que ya había asistido oficialmente al menos a una reunión citada por el alcalde, y no una extorsionista, como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte.
El cargo endilgado a exalcalde y exsecretario de Gobierno está relacionado con la omisión de sus deberes, como autoridades del municipio, por no diseñar estrategias ni tomar las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida y los derechos de la lideresa social.
Al exalcalde Otero Avilez se le endilgó un segundo cargo por posible conflicto de intereses al haber intervenido (Por acción u omisión) en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como lo era la invasión del predio de su propiedad.
Las faltas fueron calificadas de manera preliminar como graves, a título de culpa gravísima, ya que estos incurrieron en una desatención elemental de sus obligaciones y funciones.
