Contraloría, Procuraduría y Defensoría presentan informe anual de seguimiento y defensa de la Mujer Rural 2022

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La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron hoy su informe anual sobre el seguimiento y los avances en el cumplimiento de las normas y de las medidas a favor de las mujeres rurales.

En este Informe 2022, tercero de este tipo elaborado por la Comisión de Seguimiento de Defensa de la Mujer Rural que integran estos organismos, el tema central son los proyectos productivos del Sector Agropecuario del periodo 2019-2022, para lo cual se analiza y evalúa la implementación del enfoque de género y las medidas a favor de las mujeres rurales en este tipo de intervenciones del sector.

Durante el evento en el cual estuvieron presentes mujeres rurales de Cundinamarca, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención sobre la baja participación femenina en el mercado laboral rural y los altos índices de pobreza reflejados en estas zonas, sobre todo en los hogares donde la mujer es cabeza de familia.

Para la Contraloría General de la República, las limitaciones de las mujeres rurales en el acceso a la educación, dificultan la posibilidad de tener mejores oportunidades en el mercado laboral y ocasiona además que tengan condiciones laborales deficientes, en temas salariales, de informalidad y de discriminación en las contrataciones.

El informe presenta algunas recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación dirigidas a incorporar adecuadamente el enfoque de género y procurar acciones efectivas para la mejora de la calidad de vida de las mujeres rurales, y así disminuir las brechas de género y mejorar, entre otros temas, el acceso a la propiedad de la tierra, el acceso a créditos y financiamiento de proyectos, la participación en la toma de decisiones del sector y las condiciones en materia de seguridad social.

“Es necesario que las entidades planeen, ejecuten y realicen seguimiento, que logren el goce efectivo de los derechos desde el enfoque de género. Por eso, el llamado es a redoblar esfuerzos en la construcción de políticas públicas, leyes y programas que garanticen los derechos de las mujeres rurales, de manera real, material y efectiva.”, señala en el informe la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destaca la importancia de las mujeres campesinas y rurales como constructoras de sus entornos, y como símbolo de la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos en la ruralidad.

En este sentido, si bien se han logrado avances en este campo, también es cierto que aún existen brechas en la generación de ingresos y violencias basadas en género que están siendo un obstáculo para la garantía efectiva de sus derechos.

“Existen problemas de conectividad para las mujeres en la ruralidad, así como dificultades en las infraestructuras viales que impactan negativamente la distribución y comercialización de sus productos”, agrega el Defensor del Pueblo.

Finalmente, considera que la cobertura de implementación de los proyectos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe encaminarse en abarcar la totalidad del territorio nacional, en aras de promover la vocación universal para garantizar la seguridad alimentaria, comercialización y producción de las mujeres rurales en los diferentes territorios rurales. Sin embargo, destaca que para tener una mayor y mejor cobertura es necesaria la implementación efectiva de la política de ordenamiento social de la propiedad rural y la zonificación ambiental.

Algunas conclusiones y recomendaciones del Informe

*Se recomienda aplicar de forma progresiva lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1900 de 2018, en el sentido de que la autoridad competente disponga medidas afirmativas otorgando el doble de puntuación para cada variable de clasificación a aquellos hogares rurales cuya jefatura resida en cabeza de una mujer campesina.

*Se debe considerar la implementación de mecanismos-guía o protocolos para que las entidades puedan caracterizar y analizar, en cada convocatoria, las necesidades con enfoque diferencial y de derechos de las poblaciones de mujeres para las garantías de sus derechos en el contexto rural.

*Es preciso mejorar las herramientas y los espacios de registro de los sujetos de especial protección constitucional para contrarrestar el subregistro de estas en los sistemas de estadística del país (en situación de discapacidad, LGBTIQ+, NARP, rom, entre otras), lo que dificulta el reconocimiento de necesidades para priorizar la intervención desde el sector rural.

*Dentro de los aspectos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, acorde con las mujeres rurales, debería mejorar o tener en cuenta de cara a estos proyectos y a futuros, están los métodos y mecanismos que están utilizando para difundir las convocatorias de los proyectos, ya que estos no están siendo aproximados a las mujeres rurales que carecen de conectividad o viven muy apartadas de las alcaldías, que están siendo utilizadas por el ministerio como receptores iniciales de las convocatorias.

*También considerar modificar o diversificar a las alcaldías como las entidades receptoras iniciales de las convocatorias para los proyectos y ampliarlas a otras entidades o que el ministerio difunda directamente en las zonas apartadas donde habitan las mujeres rurales, para evitar o mitigar las quejas recibidas por las mismas donde dicen que las alcaldías son fortines que amarran las convocatorias para sus conocidos y las transmiten tardíamente, cuando ya las mujeres necesitadas no tienen tiempo para participar.

*Brindar igualmente una asesoría integral a las posibles organizaciones de mujeres rurales beneficiarias, previa a la inscripción de la convocatoria, con el propósito de que sean guiadas sobre todo lo relacionado con el proyecto y conozcan los compromisos a los que les correspondería atenerse.

*Mejorar la calidad de las vías entre los municipios de cabecera y las veredas y/o demás lugares apartados donde habitan las mujeres rurales, que dificultan la adquisición de insumos y la comercialización de los productos que estas producen.

*Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que enfrentan las mujeres en las zonas rurales, debe considerarse la posibilidad que la financiación de las iniciativas productivas sea del 100% o, en su defecto, que las contrapartidas sean directamente otorgadas por las entidades territoriales, ya que la exigencia de una contrapartida se constituye en 87 barrera de acceso para que las mujeres rurales y sus organizaciones puedan postularse a las convocatorias.

*En cuanto a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), se le recomienda hacer mayor difusión de la oferta institucional a las mujeres rurales, teniendo en cuenta las barreras de acceso a internet y la importancia de garantizar su acceso a información en lugares y horarios adecuados a sus actividades comunitarias, productivas y de cuidado.

*Se le recomienda igualmente hacer mayor difusión de la oferta institucional a las mujeres rurales, teniendo en cuenta las barreras de acceso a internet y la importancia de garantizar su acceso a información en lugares y horarios adecuados a sus actividades comunitarias, productivas y de cuidado.

*A las Alcaldías y Gobernaciones se les recomienda difundir la oferta institucional de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural -PIDAR con las mujeres rurales de sus territorios, promoviendo su vinculación para facilitar que accedan a componentes de fortalecimiento asociativo, extensión rural y acceso a medios productivos.

*Finalmente, se le recomienda al Instituto Nacional de Vías y al Ministerio de Transporte articular con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural los proyectos que este promueva para evaluar el estado de las vías por donde deberán transitar los posibles beneficiarios, y buscar en caso tal que el estado de las vías no sea óptimo, una ruta o posibilidad que facilite el tránsito de los bienes e insumos que se van a comercializar.

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