La Procuraduría General de la Nación verificó las condiciones mínimas de infraestructura, acceso a servicios básicos (salud, alimentación y agua potable) y trato digno para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en ocho estaciones de policía, tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Instituto penitenciario y carcelario de la Picota en Bogotá D.C.
El Ministerio Público escogió los establecimientos con el mayor número de quejas recibidas y con el objeto de cubrir todas las localidades de la ciudad; por lo que, se realizó una verificación en las estaciones de Usaquén, la Candelaria, Kenedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe y las URI de Usaquén, Puente Aranda y Paloquemao.
De esta manera, la entidad constató la capacidad y el porcentaje de hacinamiento, el estado de la infraestructura y el acceso a los servicios de la salud, agua, alimentación y algunos otros aspectos relevantes.
La Procuraduría corroboró los siguientes porcentajes de hacinamiento por establecimiento:
La Procuraduría identificó el estado degradante e inhumano en el que se encuentran los centros reclusorios de la capital del país, la mayoría de los detenidos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos; además, se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.
El servicio de alimentación es entregado en cantidades insuficientes y que, además, puede representar un riesgo a la salud de los PPL; y se comprobó, a su vez, que algunos alimentos son entregados en estado de descomposición.
También, el acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en las están a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios.
Finalmente, el organismo de control confirmó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están en exposición diaria a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, de verificar que están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.
