La Contraloría General de la República abrió Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía estimada de $25.842 millones por los hechos relacionados con el Contrato de Obra No. 1201 de fecha 10 de agosto del 2017, el cual tenía como objeto la “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.
Se investigan las presuntas irregularidades en la ejecución contractual, consistentes en que al parecer no fueron provistos los recursos para realizar las obras necesarias para cumplir los requisitos en lo que hace referencia al cumplimiento de las normas RETIE y RETILAP, las cuales se relacionan con los componentes eléctricos de la obra contratada, así como a la instalación de las nuevas redes junto al necesario ajuste de la red existente, que la obra requiere para su funcionamiento y certificación.
Así mismo, la Contraloría encontró que se realizó un anticipo por la suma de $5.663 millones, del cual existe un monto que al parecer no se ve materializado en la ejecución de la obra por no haber sido ejecutado.
Existiendo así, un presunto detrimento por valor de $2.739 millones, suma que presuntamente no fue legalizada por el contratista, y que puede constituir un daño al erario, al igual que no se encuentra constancia de adquisición de los equipos que la obra requiere para su funcionamiento.
Los hechos mencionados, son presuntamente los motivos por los que la obra se encuentra sin terminar, ocasionando que en el momento actual el Hospital no haya entrado en funcionamiento.
Actualmente las instalaciones están en estado de abandono y expuestas al deterioro por el paso del tiempo y por acciones vandálicas, ya que presumiblemente lo construido no cuenta con servicio de vigilancia.
Por lo anterior, la Contraloría General considera inicialmente que la cuantía por el menoscabo ocasionado al erario por la gestión antieconómica, incluye la totalidad de los valores invertidos en la ejecución de la obra, lo que asciende a la suma de $25.842.834.699 sin indexar.
El Contralor General declaró los hechos mencionados anteriormente, como de impacto nacional para que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelante el respectivo proceso de responsabilidad fiscal y así se garantice el acceso al derecho fundamental a la salud de la población del departamento del Cauca.
