La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, informar las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima.
La petición del Ministerio Público obedeció a las quejas recibidas sobre la prestación de los servicios de esta junta por parte de los usuarios, en las cuales se indicó que los médicos y la terapeuta atienden máximo cuatro días al mes, argumentando que algunos residen en Bogotá; y que en enero de esta anualidad hubo atención hasta el día 16, y en febrero entre el 7 y el 9, y desde entonces, no han sido citados ni atendidos.
De otra parte, la Entidad puso en conocimiento de la jefe de esta cartera, que un denunciante señaló que un médico de apellido López, solo atiende algunos días, en horas de la mañana, y en algunas ocasiones, funge como director regional, refiriendo además que su secretaria asigna las citas cuando se le paga por priorizarlas, con lo que se genera represamiento en la programación.
También advirtió que los usuarios reportaron al ente de control que los funcionarios de la junta regional no tienen quien los reemplace durante sus ausencias, y que el director regional vive en la capital y labora 2 o 3 días a la semana, por lo que la junta queda sin responsable a cargo y, a pesar de ello, no se ha designado a otro miembro de este comité para que asuma sus funciones.
Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima precisó que adelanta esta actuación preventiva para garantizar la atención que en términos legales, les corresponde recibir a los usuarios por parte de este organismo del Sistema de Seguridad Social.
