A causa de las afectaciones de bienes y espacios públicos, incluidos playas y terrenos de bajamar, la Procuraduría General de la Nación requirió a los alcaldes distritales y municipales a dar cumplimiento al ordenamiento jurídico establecido y adoptar planes de acción encaminados a promover la protección, conservación y recuperación de los bienes y espacios públicos que se encuentren en su territorio, ejerciendo el debido control administrativo y policivo.
El Ministerio Público evidenció que, a pesar de las medidas administrativas y sancionatorias adoptadas, aún persiste el menoscabo de derechos fundamentales y colectivos; en lo que respecta específicamente a la seguridad, salubridad, apropiación indebida de patrimonio, construcciones ilegales, ocurrencia de calamidades, entre otros.
De igual forma, la entidad reiteró a los entes territoriales el estricto cumplimiento de los fallos judiciales donde se haya ordenado la recuperación y/o rehabilitación de bienes y espacios públicos, siendo extensivo a la restitución de playas y terrenos de bajamar que hayan sido determinados en resoluciones de la Dirección General Marítima (DIMAR) a través de sus capitanías de puerto.
Por último, instó al Ministerio de Vivienda, DIMAR y a la Superintendencia de Notariado y Registro a coordinar con las entidades competentes acciones, planes, programas y proyectos para la defensa del patrimonio público y su destinación al uso común.
