La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, por el posible incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la obligación de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos, y los casos de hacinamiento registrados en la capital.
El expediente de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que incluyó al secretario de Gobierno de la capital del país, Felipe Jiménez Ángel, sostuvo que, al parecer no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad.
El Ministerio Público indicó que con su presunta omisión, la alcaldesa y su funcionario pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que ordenó la práctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la situación actual y real de los distintos centros de detención transitoria de la ciudad.
La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
