La medida de vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud, fue prorrogada en 17 ocasiones desde 2012 y el próximo miércoles 26 de abril se vence la más reciente.
Esta EPSI cuenta con más de 273.010 usuarios en los departamentos de La Guajira (167.960), Cesar (85.403) y Magdalena (19.644), la mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.
El pasado 25 de abril de 2022, al otorgar la última prórroga, la Supersalud ordenó a Dusakawi la puesta en marcha de 11 acciones integrales para fortalecer la atención de sus afiliados y garantizar las condiciones de capacidad financiera y de solvencia, y designó una nueva firma contralora encargada de realizar el seguimiento a la medida preventiva de vigilancia especial.
En el más reciente análisis técnico de monitoreo realizado por la Supersalud se evidencia que Dusakawi no garantiza a todos sus afiliados el acceso oportuno a los servicios de consulta
médica especializada, la entrega oportuna de medicamentos y presenta demoras en exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.
La última resolución de prórroga identificó deficiencias en el control y seguimiento de la población materno-infantil, presentando ingresos tardíos al control prenatal, mujeres y menores con diagnóstico de sífilis, niños con patologías como desnutrición, enfermedad diarreica y enfermedad respiratoria.
En este sentido, en este último año la Supersalud ha propiciado diez mesas de trabajo con el contralor designado para socializar las dificultades de la EPSI y seguimiento a las órdenes por los incumplimientos reiterados frente a la entrega de información requerida por el ente de control.
QRD Y SANCIONES
Desde 2021 a la fecha, esta EPS indígena registra un total de 1.227 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de sus afiliados. Los principales motivos se relacionan con las dificultades en la asignación de medicina especializada, demora en entrega de medicamentos y libre escogencia de EPS.
Entre 2021 y 2023, la Supersalud ha iniciado 15 investigaciones contra la EPS indígena y dos contra Julián Daza Malo, en su calidad de representante legal, por posibles infracciones al sistema de salud.
Las investigaciones están relacionadas con incumplimientos en la prestación oportuna de los servicios de salud a población de especial protección y en las instrucciones dadas por la Superintendencia.
Asimismo, se investiga a esta EPSI por presuntas falencias en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y en los compromisos adquiridos dentro de los términos y condiciones pactadas en la mesa de flujo de recursos.
