Frente al grave caso registrado en el departamento de Risaralda, donde a una bebé indígena de la comunidad Embera Chamí le fue practicado un procedimiento de ablación (mutilación genital), la Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, un reporte sobre las gestiones para el restablecimiento de los derechos de la bebé indígena y su madre adolescente de 15 años de edad, informe que deberá incluir las acciones adelantadas por el ICBF, para combatir y prevenir esta práctica en niñas y adolescentes del país.
El Ministerio Público requirió a la Directora General, informar las acciones para el restablecimiento de derechos de las menores de edad, en el caso reportado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde fue atendida la niña de quince días de nacida “con diagnóstico de desnutrición severa, gastroenteritis y amputación traumática de los genitales”. El ICBF también deberá confirmarle a la Procuraduría si se han adelantado escenarios de diálogo o sensibilización con las autoridades del resguardo Gito Dokabu de Pueblo Rico (Risaralda) y con las comunidades y pueblos indígenas en los que se ha identificado este flagelo.
Finalmente, atendiendo a que la mutilación genital femenina corresponde a una forma de violencia sexual y en cumplimiento de las funciones preventivas y de control, el ICBF deberá reportar al Ministerio Público el número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD, abiertos desde el año 2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.
Para el ente de control, es de suma importancia que el ICBF, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, propicie espacios de sensibilización y diálogo con las autoridades indígenas y la comunidad, así como la articulación con otras entidades para prevenir que se vuelvan a presentar estas prácticas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las adolescentes indígenas.
