Por primera vez en su historia, la Contraloría General de la República decretó medidas cautelares contra dos aforados, ambos generales de la República: un Brigadier General y un Mayor General del Ejército, en su calidad de directores en su momento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y como tal ordenadores de gasto.
Se trata del Brigadier General (R), Pablo Federico Przychodny Jaramillo y del Mayor General (R) Fernando Pineda Solarte, vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal donde se ha cuantificado un daño patrimonial por $27.814 millones, relacionado con la no culminación de la obra de construcción del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad del Ejército CFR Basan y los pagos realizados por un proyecto que se quedó en eso.
Con amparo en el artículo 16 de la Ley 610 se decretaron medidas cautelares por más de $45.000 millones contra estos dos oficiales y otros 5 miembros del Ejército vinculados al proceso como presuntos responsables fiscales, así:
- CORONEL LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO, en calidad de ordenador del gasto para el período de ocurrencia de los hechos.
- MAYOR LUZ MERY LÓPEZ RANGEL, en calidad de ordenador del gasto para el período de ocurrencia de los hechos.
- CORONEL ÓSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO, en calidad de director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el período de ocurrencia de los hechos.
- MAYOR GERARDO MOJICA LEYVA, en calidad de supervisor del contrato interadministrativo Nº 1441 de 2013 para el período de ocurrencia de los hechos.
- CAPITÁN CARLOS NORVEY GONZALEZ DÍAZ, en calidad de supervisor del contrato interadministrativo Nº 1441 de 2013 para el período de ocurrencia de los hechos.
Antecedente
Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo origen en una auditoría financiera efectuada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad al Ejército Nacional, para la vigencia 2021, la cual arrojó un hallazgo con incidencia fiscal por $27.814 millones relacionado con la construcción de este Centro de Rehabilitación Funcional.
Para adelantar este proyecto denominado “CFF-Batallón de Sanidad se suscribieron dos contratos base: uno de consultoría por $1.353 millones (No. 1134 del 21 de diciembre de 2012), que tenía por objeto realizar los respectivos estudios y diseños; y otro un contrato interadministrativo (1441 del 23 de diciembre de 2013), suscrito por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con la entonces Jefatura de Ingenieros Militares del Ejército, que tenía por objeto efectuar todas las gestiones jurídicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para llevar a cabo la construcción de este Centro de Rehabilitación Funcional.
Este segundo contrato tuvo un costo inicial de $29.938 millones y con una modificación del 17 de octubre de 2014 se determinó un nuevo valor para el proyecto ($34.812 millones).
El plazo inicial de este contrato era el 31 de diciembre de 2014 y luego de 10 prórrogas se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021.
Hoy este contrato se encuentra finalizado por expiración del plazo de ejecución, sin recibido a satisfacción por el Ejército Nacional ni liquidación. La obra se encuentra inconclusa y no se tiene certeza de su avance presupuestal y físico.
Un elefante blanco moribundo
La obra de construcción del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad del Ejército CFR Basan, en Bogotá debía mejorar la calidad de vida de los héroes de la patria, lisiados en combate, con secuelas para toda su vida por heridas que los dejaron en situación de discapacidad, se volvió un elefante blanco moribundo.
Lo que debía ser una obra de más de 14 mil metros para atender debidamente a los héroes de Fuerzas Armadas, que quedaron en situación de discapacidad por su servicio durante el conflicto, es una carcasa que presenta fallas estructurales, tiene agrietamientos y no es anti sísmica.
Un caso aberrante
La CGR a través de un equipo de arquitectos e ingenieros con experiencia en geotécnica, liderados por la Delegada de Defensa, visitó lo que hay en terreno. Hoy es un elefante blanco que difícilmente se podrá recuperar, porque terminar la obra significaría invertir otros 30 mil millones de pesos, dice el Contralor Delegado del Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra.
“Lo más aberrante en este caso es que se utilice una circunstancia fáctica del conflicto armado en el país con la presunción de atender el personal militar discapacitado y lisiado por tal situación, para presuntamente construir de manera urgente un Centro de Rehabilitación para su beneficio y que esa obra no esté funcionando después de más de 9 años de haberse iniciado su construcción y se hayan perdido más de $30 mil millones”, sostiene.
Considera que la pérdida de estos recursos y la inversión por una suma similar que se requiere para hacer realidad el Centro de Rehabilitación Funcional del Ejército sucede porque se utilizó una figura legal que es la de los contratos interadministrativos entre entidades públicas, pero una de las que suscribe ese contrato realmente no tiene la capacidad técnica para hacer estas obras y entonces sale a contratar con unos terceros que terminan llevándose el anticipo y los recursos finalmente, sin tener la capacidad técnica y sin responsabilidad.
De los dineros que se giraron aquí se han podido recuperar algo más de $2 mil millones que reconoció la compañía de seguros y hay en caja unos $5 mil millones.
