En el documento, el procurador delegado con funciones mixtas para la defensa de los derechos de la infancia, Virgilio Hernández, explicó que el ICBF tiene el compromiso de entregar alimentos de alto valor nutricional (AAVN) a los niños, niñas, adolescentes y pacientes de enfermedades autoimmune que son beneficiarios de la institución, pero también tiene la capacidad para entregar estos insumos a no beneficiarios en caso de emergencia.
“Igualmente, se contempla en este procedimiento que el suministro de los AAVN puede efectuarse mediante entregas especiales para población no atendida por el ICBF en condiciones de emergencia, desastres, salud u otras especiales”, explica el radicado de la Procuraduría.
En el oficio, el procurador Hernández solicitó que la directora del ICBF entregue información sobre los contratos para la producción y distribución de estos alimentos.
También pidió que esa entidad explique si en caso de eliminar el uso de bienestarina y de los alimentos con alto valor nutricional, se podrá mantener el estándar de los requerimientos para la alimentación de los menores de edad.
“¿De eliminarse el uso de la Bienestarina o de los AAVN,se podría completar el porcentaje de requerimientos calóricos mínimos contemplados en los lineamientos técnicos expedidos por el ICBF para los programas de primera infancia, protección y nutrición?”, cuestiona el procurador delegado.
La Procuraduría dio un plazo de 5 días hábiles para que la directora de esa entidad, Concepción Baracaldo, entregue el informe con toda la información requerida y los contratos suscritos con entidades para la producción y distribución de AAVN y/o bienestarina.
