Este miércoles, su presidenta, la senadora María José Pizarro, y la vicepresidenta, la representante Lina María Garrido Martín, rechazan contundentemente todos los actos de violencia y acoso contra las mujeres, como lo son los presuntos hechos dados a conocer sobre exigencias sexuales que pudieran estar recibiendo mujeres que trabajan al interior del Congreso de la República.
“La CLEM, en su compromiso constante en la lucha contra las violencias que padecen las mujeres colombianas, preocupándose en especial por proteger y mejorar las condiciones laborales para ellas en nuestro entorno inmediato, ha venido trabajando articuladamente con la institucionalidad y de la mano con las mesas directivas y las direcciones administrativas de Cámara y Senado, en la creación del Protocolo de Denuncia
Frente al Acoso y la Violencia Contra las Mujeres al Interior del Congreso”.
Las congresistas, en representación de la comisión, indicaron que “en este marco, la comisión manifiesta la entera disposición para que, sin revictimización y mediante canales internos, seguros y efectivos, las mujeres sean escuchadas, acompañadas, apoyadas y orientadas en las acciones que decidan emprender”.
Plantean además que para fortalecer esta lucha a nivel interno y externo, convocan a la Ministra del Trabajo, a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a expertas en el tema y a organizaciones, para realizar mediante una sesión de la Comisión y mesas de trabajo, un diagnóstico y una caracterización del acoso sexual en el ámbito laboral en Colombia, que permita buscar soluciones concretas, rápidas y efectivas para erradicar este tipo de violencia que nos aqueja.
Por otra parte los representantes uribistas Juan Espinal y Carlos Osorio, pidieron que se haga una investigación del tema en la Cámara de Representantes. Ental sentido en carta al presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Guillermo Montes, le indican que “manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones realizadas en días pasados por el ex Senador Gustavo Bolívar en la Revista Semana, en las que denunció la existencia de una presunta red de trata de mujeres en el interior del Congreso de la República.
Por tal motivo, solicitamos la aplicación de la Ley 1828 de 2017 que establece en su artículo 3° que esta “se aplicará a Senadores de la República y Representantes a la Cámara que en ejercicio de su función transgredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos en este Código, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Rama Jurisdiccional del poder público en materia penal o contencioso administrativa”.
Solicitan iniciar una acción ética y disciplinaria de oficio con el fin de llamar al ex Senador Gustavo
Bolívar, “para que amplíe su denuncia y poder esclarecer si algún Representante a la Cámara se encuentra involucrado en la supuesta red de trata de mujeres y acoso sexual en el Congreso”.
