Con la integración de Colombia en calidad de miembro de la mesa directiva de la V Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, finalizó en Santiago de Chile la intervención del Ministerio de Salud y Protección Social en el evento a través del cual el país compartió la política pública 2022-2031 en esta materia.
El evento, organizado a instancias de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, concluyó con la renovación del compromiso con el Plan Acción Internacional de Madrid y los instrumentos regionales que refuerzan su implementación y vigencia, así como la intervención de Alex Ordóñez Argote, delegado y jefe de la oficina de promoción social de la cartera de salud.
El plan, concebido en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, generó en la conciencia mundial la importancia de la promoción del desarrollo de una sociedad para todas las edades, habida cuenta, entre otros aspectos, del incremento de la esperanza de vida y su reflejo en el ensanchamiento hacia las puntas de las las pirámides poblacionales.
En ese encuentro, fueron abordadas las dimensiones del envejecimiento activo y saludable. El cuarto examen y evaluación quinquenal del Plan de Acción Internacional de Madrid, servirá para analizar el progreso en las políticas públicas, en tres áreas prioritarias: Las personas de edad y el desarrollo; el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y, finalmente, la creación de un entorno propicio y favorable esta para la población.
La intervención del Ministerio en su condición de cabeza del sector salud y ente rector de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, hizo énfasis en el enfoque que en esta materia existe en el país, al ser el primer gobierno progresista en donde las personas se ubican en el centro de las acciones del Estado.
La declaración de Santiago, aprobada por unanimidad, reitera el compromiso suscrito dos décadas atrás en Madrid, así como los instrumentos regionales que refuerzan su implementación y vigencia.
A la par con la prevención de violencias y discriminación de las personas mayores, expuesta por Ordóñez en la V Conferencia, la declaración de Santiago insta a los gobiernos asistentes a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad, y a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural y sus derechos humanos.
En cuanto a los desafíos que la implementación de la política en Colombia enfrenta, el directivo del Ministerio de Salud y Protección Social destacó los siguientes:
1. Renovar el compromiso con la atención primaria de salud (APS) y el fortalecimiento del primer nivel de atención para: contener la prevalencia de la pandemia del Covid 19, mantener una acción continua de prevención y promoción de las comorbilidades, hacer seguimiento y control de las personas con enfermedades transmisibles y de salud mental.
2. Acelerar la organización de la institucionalidad y del sistema nacional de cuidados y de los servicios sociosanitarios de atención, como elementos complementarios del sistema de protección social, así como de las medidas de autocuidado, protección y desarrollo individual y colectivo para cuidadores y sujetos objeto de cuidado.
3. Promover desde la infancia el envejecimiento saludable, con una visión multidimensional que involucre estrategias para mejorar la funcionalidad física, cognitiva y social, la participación productiva, el autogobierno, la vida afectiva, los derechos sexuales, entre otros factores.
4. Despertar la responsabilidad y la obligación del Estado, pero también de la familia y la sociedad, para la asegurar la protección, la asistencia y la inclusión de las personas mayores de 60 años, como un efecto de la conciencia social, la fraternidad y la mutua colaboración entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades.
5. Reconocer y enfrentar con políticas multisectoriales los cambios demográficos y epidemiológicos. Para ello es preciso transversalizar el envejecimiento saludable en la población menor de 60 años en las políticas públicas para los distintos diferenciales poblacionales: género, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, población habitante de calle, niños, niñas adolescentes y jóvenes, migrantes, campesinos, población LGBTI, entre otros grupos vulnerables y, por ende, una mayor apropiación de los instrumentos de planeación nacional en el nivel subnacional –aún en fase de elaboración– en busca de una respuesta institucional intersectorial efectiva.
6. Abocar las reformas al sistema pensional y al mercado de trabajo, de tal manera que se logren quebrar los sesgos para la inclusión laboral de las personas mayores y, con ello, una reducción en sus niveles de dependencia económica y la cobertura universal de las pensiones de jubilación. Una premisa que pasa por una mayor promoción de la educación y la formación para el trabajo y la superación de la brecha digital.
7. Fortalecer los procesos de participación ciudadana de las personas mayores en los espacios de incidencia política del país y de los territorios.
