Los siete jóvenes, cinco hombres y dos mujeres “están siendo investigados y no han sido condenados por estos procesos”, remarcó el Gobierno, y proceden de Bogotá, Medellín, Popayán y Cali.
De ellos, cinco se encuentran en reclusión carcelaria y dos en detención domiciliaria, de la que saldrán para desarrollar estas labores, y permanecían ahí de forma preventiva por delitos como concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, obstrucción de vías públicas o violencia contra servidor público, pero en ningún caso por delitos de lesa humanidad o sexuales.
Entre estos jóvenes está Santiago Márquez, un joven estudiante de Pedagogía en Bogotá, quien el Gobierno ha destacado que ha colaborado en campañas solidarias para los más desfavorecidos; Arles Andrés Bolaños, un líder indígena que participó en el paro nacional en Cali, y Adriana Esperanza Bermeo, una joven bogotana que “ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle”.
En estos roles de “voceros de paz” podrán recibir atención psicosocial, deberán rendir informes al Alto Comisionado para la Paz, atenderán un diplomado virtual en Construcción de Paz, podrán estudiar o trabajar si así lo quieren y seguirán el proceso judicial que tienen en curso porque “no se trata de una amnistía o indulto”.
Esas labores, a juicio del Gobierno, “pueden ser muy útiles para restablecer esa convivencia armónica para escalar la conflictividad, para reconciliar en últimas a los colombianos que no forman parte del conflicto armado, pero que sí están en unas situaciones de convivencia difícil, extensas, con episodios de violencia con intolerancia”, dijo Osuna.
Por el momento han analizado 283 perfiles de “personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social”, algunos de quienes se ha denominado en Colombia “la primera línea”, muchachos que durante las protestas estuvieron delante en las protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
