Este número supera incluso las cifras de todo 2021, cuando 145 defensores de derechos humanos fueron asesinados, y los de años anteriores, incluido 2020, que fue el año más letal para los líderes y hubo 182 asesinatos.
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, este aumento se debe a una “ecuación” que mezcla “incremento de asesinatos de líderes sociales, el aumento en las hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, así como también el control y la explotación de los grupos armados ilegales de las distintas rutas del narcotráfico”.
Esto quiere decir que el aumento de hectáreas de coca, que según la ONU, también rozó máximos históricos el año pasado, pasando de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, ha provocado una mayor purga por el poder y el dominio tanto de los cultivos como de los corredores del narcotráfico, lo que ha derivado en el asesinato de quienes defienden su territorio y se oponen a estas dinámicas.
