Estos promotores, como se denominan, “son miembros de las comunidades cuya actividad económica dependía antes del corte (de árboles) directa o indirectamente”, resalta Rosa desde la profundidad de la selva tumaqueña.
Las alternativas a tumbar selva como principal actividad económica se han ido instalando en la comunidad de Bajo Mira y Frontera, que agrupa a 53 aldeas con un total de 47.000 hectáreas de territorio colectivo. Allí ahora es común sembrar cacao o los proyectos con animales, y las motosierras y guadañas son una reminiscencia de tiempos pasados.
“Ha bajado la incidencia y la presión que tienen hacia el bosque”, confirma Rosa en referencia a las cifras de deforestación de la zona.
Estos nuevos vigilantes de la biodiversidad nacieron del proyecto Páramos y Bosques, un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), buscando impulsar la conservación y la venta de bonos de carbono que permitan a las comunidades acceder a beneficios por su labor de protección.
En total son 10 los “guardianes de la selva” en Bajo Mira y Frontera, todos de las mismas veredas que forman este consejo comunitario, cuyo “conocimiento es invaluable porque son expertos locales, conocen el territorio, las especies que viven en él, y nos facilitan el trabajo”, explica a EFE Rosa.
Salen en grupos de trabajo de dos o tres personas, algo que “les permite llegar a una población muestra del territorio” y registran toda la información que se encuentran en los bosques a través del “componente MRV: monitoreo, reporte y verificación”.
