En la jornada de hoy, se desarrolló la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Acto Legislativo N. 32 de 2022 “por el cual se incluye el artículo 27 y se modifican los artículos 45 y 67 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, el cual permite elevar la Educación a rango de derecho fundamental, lo que brinda mayores garantías en la materia a niños y jóvenes en nuestro país.
El senador Alexander López Maya, Polo Democrático, ponente de este proyecto, en primer debate, dio apertura a la Audiencia y manifestó que esta es una iniciativa parlamentaria, que busca elevar a rango de derecho fundamental la educación en Colombia, y dejar como obligatoria la educación los tres primeros grados de preescolar, ya que actualmente solo se contempla uno.
Declaró además el ponente, que es urgente que esté alineado con los principios de exequibilidad, accesibilidad, habilidad y aceptabilidad. Finalmente, el tercer artículo que pretende modificar el proyecto permite al adolescente y al adulto acceder al derecho a la educación y a la protección integral; sobre el entendido que el Estado y la sociedad garantizan la protección de los jóvenes, los organismos públicos y privados que los tengan a cargo, y el progreso de la juventud. Para eso, “es necesario realizar dichas modificaciones a nuestra Constitución”, precisó.
Por su parte, la senadora Sandra Jaimes Cruz, Polo Democrático, una de las autoras de este proyecto, se sumó a lo dicho por el ponente, y agregó que la iniciativa dignifica al ser humano y cierra brechas que hoy son bastante amplias en Colombia.
En este espacio, se escucharon las voces de diferentes sindicatos y organizaciones que manifestaron su apoyo a la propuesta, pues consideran de gran importancia que se pueda permitir el acceso a la educación, a la población más vulnerable del país. Jhon Parrado, sindicalista, afirmó: “Es importante tener en cuenta a las comunidades indígenas, a quienes estudian en casa, y quisiera que se evaluara la atención a la primera infancia, sin que se afecte a las madres comunitarias”.
Juan Caros Peña, presidente del institutores del Sindicato Norte Santandereano ASINORT, hizo referencia a las brechas existentes, en mayor medida en la ruralidad para niños de estratos 1 y 2, cuyas familias carecen de recursos económicos para acceder a la educación; punto en el que coincidió con la representante del Sindicato de Trabajadores de la Educadores del Magdalena EDUMAG, quien aseguró que además de requerirse mayor inversión en la educación rural, hay escasez en el PAE y en la inversión de infraestructura para la creación de nuevos colegios.
Por último, Sergio Manzano, gerente de Abogados de la Organización Manzano & Manzano, invitó a votar afirmativamente este proyecto, igual que Carlos Rivas Segura, representante de FECODE: “Este magnífico proyecto tiene una gran fundamentación y un gran desarrollo; Hoy, hay un millón 600 mil estudiantes fuera de los tres grados de preescolar, pero si lo elevamos a la categoría de derecho fundamental, no solo va hasta noveno, sino hasta el grado once. Este es el gobierno de los ciudadanos que habían sido excluidos”, concluyó.
