Por Hernando Fernández de Castro
Los colombianos estamos viviendo un periodo, donde el pueblo parece aletargado o anestesiado por las declaraciones permanentes del señor Presidente o de sus ministros u otros miembros del gobierno con relación a las acciones que debe tomar la administración para prevenir la grave situación económica que sufrirá el mundo el próximo año.
Las predicciones al respecto, las hacen las distintas entidades calificadoras mundiales, los más eminentes economistas del orbe, las personas y profesionales de la materia, pronostican un 2023 difícil y de escases de producción por el decaimiento de la economía China, mayor comprador de materias primas, la desaceleración de las economías de los países europeos e igual que la de los Estados Unidos de América, que hoy buscan desesperadamente encontrar las fórmulas para que sus economías crezcan y así haya una mayor producción y por consiguiente más generación de empleo, única manera de contrarrestar una inflación que se predice, será grande y afectará el bolsillo y la capacidad de compra de todos los habitantes del planeta.
Mientras tanto en Colombia, el primer mandatario culpa al Banco de la República de la posible crisis económica que se nos avecina, por haber subido las tasas de interés, cuando esto lo que busca es evitar la salida de capitales de Colombia para que así, la inversión financiera, de la que se nutren las empresas se conserve y si es viable se incremente.
De la misma manera el Presidente Petro y el Presidente de Fedegan, suscriben un acuerdo para comprar tres millones de hectáreas productivas a los ganaderos, sin decir en el acuerdo como las comprarán, con qué dinero las pagarán, de donde nos surge el interrogante de si el presidente de un gremio, puede comprometer la voluntad de sus agremiados a vender sus propiedades sin tener una autorización expresa para ello.
Al respecto, el tendero del barrio, me hizo esta pregunta. ¿Será que el presidente de Fenalco, se puede comprometer con el gobierno a vender un determinado número de tiendas en Colombia?
Igualmente sigue la discusión de la tenencia de la tierra en Colombia, que es ancestral y ha dado lugar a que se hayan tratado de implementar distintas reformas agraria mediante la expedición de leyes, tales como la ley 200 de 1936, la 135 de 1961, ley 1 de 1968, la 4 de 1973, la ley 160 de 1994 y el decreto 1300 de 2003, no es mi intención abrumarlos citando normas, sino que es apenas un pequeño ejercicio para que vean que el país y los diferentes gobierno, no han estado de espaldas al tema de la tenencia de la tierra.
Nadie discute que el tema de tierras en Colombia fue y sigue siendo un factor que genera inconformidad y violencia en el País, pero también se debe tener claro que la sola tenencia no resuelve el problema, ya en años anteriores se han entregado tierras a campesinos que terminaron vendiéndolas por falta de recursos para explotarlas, ya lo han dicho muchos autores y dirigentes políticos, el tema del campo colombiano, no es la tenencia misma de la tierra, la pregunta es: ¿Cómo se logra al entregarle una parcela a un campesino, que este la vuelva productiva, donde están las líneas de créditos blandos para que este labriego adquiera la maquinaria, la semilla, los abonos, los insecticidas y herbicidas necesarios para atender un cultivo y el capital para invertir en mano de obra para así volver productiva su tierra?
Nada de esto se ha dicho, por lo tanto es importante que el gobierno entienda que el facilismo gubernamental, no es bueno, que las decisiones de gobierno deben ser pensadas, estudiadas, planeadas, planificadas y ejecutadas con una finalidad, que no puede ser otra, que lograr el bienestar común y no se deben presentar como si todavia fueran propuestas de campaña.
La obligación de un gobierno, no es aplacar o disminuir los reclamos y necesidades del pueblo, sino implementar y lograr soluciones viables y concretas que busquen satisfacer sus escaseces y demandas.
