En el marco de la audiencia pública sobre la crisis penitenciaria y carcelaria convocada por la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, expuso los más recientes índices de hacinamiento carcelario en los centros de detención transitoria del país.
En la convocatoria para discutir junto a representantes de la sociedad civil acerca de las afectaciones del fenómeno del hacinamiento sobre los derechos básicos de las personas privadas de la libertad, la Defensoría del Pueblo presentó los detalles de esta problemática que se ha agudizado en lo corrido de este año y es la principal causa de vulneración de derechos humanos al interior de los centros transitorios de detención.
Las últimas cifras mantienen a la Estación de Policía ‘La 19’ del municipio de Riohacha como la más hacinada del país con un porcentaje de hacinamiento que llegó al 2087%, seguida de la Estación de Policía del Centro de Bucaramanga con 1260%, la Estación de Policía ‘El Bosque’ de Barranquilla con 1090%, la Estación de Policía ‘Los Mangos’ de Cali con 785%, y en quinto lugar, la Estación de Policía del Centro de Ibagué con 769% de hacinamiento.
En el sexto lugar se encuentra la Estación de Policía del centro de Cúcuta con 613% de hacinamiento, seguida del total general de las estaciones de Policía de Bogotá con 434%, Valledupar con 322%, Santa Marta con 229%, y en décimo lugar Maicao (en La Guajira), con 215% de hacinamiento.
A estas alarmantes cifras se suman los aislamientos prolongados y la falta de ventilación e iluminación, la deficiente atención en salud tanto a nivel básico como especializado, la infraestuctura inadecuada y obsoleta, la insuficiencia en la prestación de servicios de alimentación y la ausencia de programas de resocialización o reinserción social positiva.
Frente a estas condiciones que antentan contra la dignidad y constituyen vulneraciones constantes a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad al interior de los centros de detención transitoria, la Defensoría del Pueblo recomienda que se adopten acciones para que se cumpla estrictamente el tiempo máximo de las medidas de detención preventiva intramural, se diseñen y ejecuten programas de prevención y atención social integral con enfoque de justicia restaurativa durante el proceso penal y la ejecución de la pena.
La Defensoría del Pueblo seguirá monitoreando las condiciones de las personas privadas de la libertad al interior de los lugares de detención del país, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal de proteger, promulgar y proteger los derechos humanos.
