La Procuraduría General de la Nación advirtió riesgos en la gestión contractual adelantada por el Distrito de Santiago de Cali, Valle del Cauca.
Entre enero de 2020 y junio de 2022 la modalidad de selección más utilizada en el Distrito de Santiago de Cali fue la contratación directa, con 75.509 contratos celebrados por un valor sumado superior a los $2.8 billones, correspondiente al 57 % del total de contratos celebrados por la administración distrital.
El ente de control elaboró un informe preventivo en el que se presenta y analiza, mediante cifras, gráficas y estadísticas, información sobre bienes y servicios contratados, modalidades de selección, contratistas y negocios relevantes, entre otros aspectos.
En 2021, el ente territorial suscribió un total de 27.044 contratos de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, por lo cual, el 94,7 % del total de estos estuvieron destinados a satisfacer necesidades de personal en el Distrito.
La Procuraduría advirtió también que, para ese mismo año, $1.5 billones fueron contratados directamente mientras que sólo $437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado el 78 % fueron contrataciones directas.
En atención a lo anterior, la Procuraduría el día de hoy realizará una visita a las 10:00 a.m. en la sede de la alcaldía, con la presencia de asociaciones gremiales y comunitarias para escuchar sus inquietudes y denuncias en torno al manejo de los recursos públicos en la administración distrital.
De otra parte, en horas de la tarde, el Ministerio Público realizará una mesa de seguimiento con el ente territorial en la que hará entrega del informe preventivo en el que se advierten riesgos de la gestión contractual, como los siguientes:
EMCALI
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó información hace aproximadamente dos meses al alcalde de Cali y al gerente de EMCALI sobre los siguientes convenios o contratos interadministrativos:
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Para la Procuraduría General varios de estos contratos debieron adelantarse mediante procesos competitivos, dado los servicios a contratar.
Por ejemplo, el contrato interadministrativo para la “prestación del servicio de internet por medio de tecnología de fibra óptica radio enlace xDSL redes de acceso fijo inalámbrico UMTS distribuido en enlaces de acceso para estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali” celebrado con la Secretaría de Educación, debió ser un proceso competitivo.
Por esta razón, el ente de control recomendará a la alcaldía utilizar modalidades de selección abiertas cuando existan bienes, obras o servicios que puedan ser contratados en un mercado competitivo, como los servicios de acceso fijo inalámbrico.
Adicionalmente, uno de los criterios fundamentales para contratar directamente este tipo de servicios con EMCALI debió ser la experiencia e idoneidad de esta empresa para desarrollar los objetos contractuales. Sin embargo, solo hasta el año 2020 cambiaron los estatutos para ampliar su giro ordinario, de manera que mediante el informe entregado a la alcaldía distrital, se le solicita a la administración entregar la información de la experiencia e idoneidad de esta empresa para ejecutar los objetos contractuales descritos anteriormente.
Contratistas
El análisis muestra que los mayores contratos fueron celebrados con otras entidades estatales por un valor cercano a los $566.674 millones. Se advierte que uno de los mayores contratistas es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente (Agesoc), con $133.210 millones y más de 1.176 contratos firmados.
También llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con $98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos.
Contratos de Empréstitos
A lo anterior se suma el riesgo que implica la celebración de los contratos de empréstitos por $625.644 millones con cinco bancos, con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución.
Recomendaciones de la Procuraduría
Dentro de la acción preventiva se formularon recomendaciones al alcalde de Cali, orientadas a evaluar el número, la cantidad y la necesidad de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; promover procesos de contratación competitivos con las modalidades de selección establecidas en la Ley y evitar el uso de los convenios o contratos interadministrativos cuando las condiciones así lo permitan.
Por último, la Procuraduría indicó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los caleños, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Cali.
Cabe anotar que varios de los hechos anteriormente descritos, han dado lugar a los procesos disciplinarios correspondientes.
